EFE / El alcalde Sant Josep, Vicent Roig, y la consellera balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, se reunirán el próximo miércoles para estudiar una modificación de normativa que evite el derribo del bloque B de los apartamentos Don Pepe, actualmente habitado aunque fuera de ordenación.
Será el próximo paso que darán los nuevos gobiernos municipal y autonómico para planificar el futuro del segundo de los edificios Don Pepe, según ha explicado el primer edil tras reunirse con los representantes de los vecinos, que suman unas 100 familias entre ambos bloques.
Roig ha recordado que la consellera Vidal ya adelantó este martes en el Parlament este cambio de rumbo: «Aquí hablamos de dos identidades diferentes: un edificio A que está desalojado y que no se ha demostrado que tenga algún tipo de autorización o licencia para la construcción, y un edificio B donde siguen viviendo 48 familias y donde realmente habría opciones reales de poder hacer una reforma», ha explicado.
Para el edificio A, del que fueron desalojadas medio centenar de familias en diciembre de 2021 por peligro de derrumbe inminente, según justificó entonces el Consistorio, se mantiene la propuesta inicial de construir un nuevo bloque en un terreno de Can Raspalls.
Para el bloque B, que el anterior Govern había propuesto también derribar y realojar a sus propietarios en un segundo edificio de nueva construcción en el mismo solar de Can Raspalls, se buscará ahora un cambio de normativa para que vuelva a ser considerado dentro de ordenación y, por lo tanto, someterse a reformas de consolidación y «estas familias pudieran seguir en su casa», ha añadido Roig.
El primer edil ha indicado que con esta propuesta se intenta «reducir la merma, el mal que se le ha hecho a esta gente». «No hablamos sólo de dos edificios sino que hablamos de 100 familias», ha insistido.
También se intenta reducir el impacto económico para la administración, porque la operación prevista por el anterior ejecutivo ascendía a unos 20 millones de euros, entre costes de derribo de los dos bloques, la construcción de 100 viviendas nuevas y la recuperación y esponjamiento del terreno de es Codolar, donde se edificaron hace 60 años los Don Pepe, que han quedado dentro del Parque Natural de ses Salines.
Para las 50 familias ya desalojadas, dado que revertir la orden de ruina inminente «no es fácil» y comporta «unas responsabilidades muy grandes», Roig ha asegurado el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep garantizan «que tendrán una vivienda digna, de acuerdo con la que tenían y en la que habían depositado su planificación de futuro». En este caso, el Consistorio denegó en la anterior legislatura el permiso de obra para la reforma de consolidación porque no se encontró la licencia de construcción de cuando se edificó en los años 60.
En el caso del edificio B, que cuenta con licencia de construcción y «supuestamente hay una planta más que lo deja fuera de ordenación», se buscará un cambio de normativa, que «sin hacer urbanismo a la carta», ha matizado Roig, sirva para dar solución a este caso de fuera de ordenación y de «otras edificaciones que puedan estar en una situación parecida».
El alcalde ha criticado que la administración ha actuado con «dejadez en la gestión de estos edificios», ya que se tenían que haber registrado como fuera de ordenación o edificaciones ilegales, si era el caso, en los correspondientes registros «para que esas viviendas, a lo mejor, no se pudieran vender».
«Quien ha creado un gran lío con todo esto es la propia administración y la propia administración es la responsable de dar luz», ha dicho el alcalde, que ha defendido que persiste en la misma tesis que tenía en 2020, cuando empezó este procedimiento.
«No hemos cambiado», ha añadido Roig, que ha lamentado que «si en aquel momento se hubiera podido hacer una reparación» en el bloque A, este edificio «hubiera podido tener solución».
Un cambio de normativa en un parque natural.?