El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni ha vivido hoy un tenso debate en torno a dos fiestas celebradas en el municipio, la Feels Like Ibiza del 12 de agosto y, especialmente, la polémica fiesta egipcia del 13 de agosto.
Respecto a la fiesta egipcia en Sa Pedrea de Can Coix, organizada por los hermanos Bronson y Mimi van Wyck, el Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, ha presentado una moción de quince preguntas al equipo de gobierno del PP que derivó en una petición explícita de dimisión del alcalde, Marcos Serra, a quien acusan de «mentir», de «incapacidad» y de «saltarse la legalidad vigente para favorecer a unos pocos».
El evento, organizado por una empresa privada para unos 350 invitados (aunque otras fuentes indican casi 500), incluyó una pirámide de ocho metros, obeliscos de más de seis, un templo, plataformas, andamiajes, generadores eléctricos y, lo más polémico, un lago artificial que, según informaciones publicadas en prensa no verificadas oficialmente, requirió el transporte de unas 170 toneladas de agua, en plena situación de restricciones por sequía en la isla.
La moción socialista: «quedaos con lo de inocua»
El portavoz socialista abrió el debate recordando que la actividad fue tramitada como «actividad no permanente inocua», una calificación que consideró incompatible con la envergadura del montaje. Preguntó si Sa Pedrera dispone de licencia de actividad ordinaria para eventos con público y cuestionó si el Decreto 8/2004 obligaba a un plan de autoprotección para un evento de más de 250 personas.
El PSOE puso el foco especialmente en el uso del agua. Según su moción, la memoria técnica presentada el 28 de julio incluía numerosos planos donde una gran superficie aparecía identificada expresamente como «water», una palabra que, según los socialistas, figuraba en diez de las 69 páginas del documento. El edil socialista exhibió durante su intervención la página 53 de la memoria y leyó expresiones como «steps into water» para sostener que el consistorio «no podía desconocer» la existencia del lago pese a las declaraciones del alcalde en sentido contrario.
Entre el resto de irregularidades señaladas por la oposición figuran:
- La ausencia en el expediente de los certificados de montaje y estabilidad de las estructuras, pese a ser una condición expresa del informe técnico municipal antes del inicio de la actividad.
- Un certificado de seguro de responsabilidad civil redactado en inglés cuya cobertura, a su juicio, no quedó verificada.
- La falta de acreditación de la representación legal de Van Wick al inicio de la tramitación, subsanada solo dos días antes del evento.
- La concesión de una exoneración de los límites de ruido sin respetar el mes de antelación exigido por la ordenanza municipal ni aportar el preceptivo estudio acústico.
- La firma del informe técnico favorable y del decreto de autorización el mismo 13 de agosto, con la notificación registrada apenas horas antes del inicio de la fiesta.
- La ausencia, en el momento de autorizar la actividad, del informe de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, pese a la presencia de generadores, instalaciones eléctricas y bombonas de gas junto a una zona de alto riesgo de incendio.
El PSOE calificó además la tasa de 199 euros abonada por la actividad como una «compensación insuficiente» por la privatización de un espacio municipal de alto valor ambiental, y acusó al gobierno local de haber utilizado la donación benéfica de 50.000 euros —40.000 para Cáritas Sant Antoni y 10.000 para el Motoclub— como un «pase VIP» para flexibilizar la normativa, en lo que definió como un posible «fraude de ley» al no existir, a su entender, un interés público real.
La respuesta del equipo de gobierno
La concejala de Actividades, la edil Eva Prats, fue la encargada de responder y defendió que Sa Pedrera no necesita licencia de actividad permanente para acoger un uso puntual y que la propia autorización habilita ese uso. Sostuvo que el Decreto 8/2004 fue «interpretado de una manera errónea» por la oposición, ya que —según explicó— regula las actividades no permanentes dentro de una actividad permanente previamente autorizada, y no el caso de Sa Pedrera.
Sobre las estructuras decorativas, afirmó que estaban certificadas por técnicos de parte y que dichos certificados no son un requisito previo al inicio de la actividad, sino responsabilidad del promotor. Respecto al agua, insistió en que el Ayuntamiento «no tenía constancia» de que se fuera a usar agua real, al no especificarse en la memoria descriptiva el cubicaje ni el tipo de agua, y anunció que se está estudiando la viabilidad de sancionar el uso indebido si se confirma que no se empleó agua no potable.
La concejala defendió también la corrección del certificado de seguro, explicó que la falta de representación legal de la empresa se subsanó mediante un requerimiento telefónico —»una práctica habitual», dijo— y afirmó que solo se registró una llamada vecinal por ruido, a las 13:12 horas, sin que los agentes de la Policía Local encontrasen música activa a su llegada. Sobre el riesgo de incendio, señaló que el informe forestal se solicitó pero no era vinculante para la autorización y que existía un plan de seguridad contraincendios con extintores y vías de evacuación.
Réplica socialista: «¿Ponía water en los planos? Sí o no»
En su turno de réplica, el portavoz del PSOE arreció las críticas, calificando de «absoluto desastre» el expediente y recordando que el propio PP emitió en su día un comunicado defendiendo la fiesta. Insistió en que una actividad «tan inocua» no debería haber requerido una memoria técnica de 69 páginas, y reclamó de forma directa que el Ayuntamiento aclarase si los certificados de montaje se presentaron antes de la fiesta.
Los socialistas, en el turno final de preguntas, incluso sacaron a la luz un artículo de una revista de moda (https://fashionweekdaily.com/photos-bronson-mimi-van-wyck-epic-ibiza-bash/) que habla de 500 invitados, lo que está muy por encima del aforo de fiesta inocua.
El edil socialista dedicó buena parte de su intervención a desmontar el argumento de la «escenografía» ya que recordó que, si los planos preveían una pirámide y se construyó una pirámide, la misma lógica debía aplicarse a la superficie marcada como «water». Preguntó directamente al alcalde si había estado presente en la fiesta del 13 de agosto y si había visto personalmente el lago (el alcalde reiteró que no), y reclamó que se depuraran responsabilidades tanto políticas como técnicas por la firma de los informes favorables, incluido el que citaba el artículo de la ordenanza de ruidos que permite la excepción sin mencionar el que fija los requisitos para concederla.
El portavoz socialista cerró su intervención insistiendo en que las donaciones «no compran una autorización» y en que la legalidad «no se compra con un donativo», antes de exigir la dimisión irrevocable del alcalde por, en sus palabras, faltar a la verdad, mostrar incapacidad y saltarse la legalidad para favorecer a unos pocos.
El cierre del alcalde: «No hubo secretismo ni opacidad»
Marcos Serra cerró el debate tratando de desmontar, según dijo, «titulares, fotografías, interpretaciones y acusaciones» acumulados durante varias semanas. Negó que hubiera existido secretismo, alegando que la organización, la ubicación, la temática y el aforo del evento eran conocidos y que existía un expediente administrativo con documentación e informes.
El alcalde subrayó que los 199 euros corresponden a una tasa administrativa de tramitación y no al alquiler del espacio, y reconoció que dicha cantidad «puede ser insuficiente», anunciando que se trabaja en una nueva ordenanza fiscal para espacios municipales y que esta ya existía cuando gobernaban los socialistas. Defendió que el interés general de la actividad radicaba en su «marcado carácter benéfico», si bien matizó que una aportación económica «no compra una autorización ni permite saltarse ninguna norma».
Sobre el agua, reiteró que el Ayuntamiento no sabía que se fuera a crear «un lago con agua real de esas características» antes del evento, y relativizó la cifra de 170 toneladas señalando que procede de informaciones de prensa y no de datos acreditados por el propio consistorio. Aun así, afirmó que el uso del agua «no le pareció correcto» al Ayuntamiento y que se criticó «desde el momento en que se tuvo conocimiento». Serra reivindicó además las inversiones municipales en la red de abastecimiento y anunció la tramitación, antes de fin de año, de una nueva ordenanza de ahorro de agua.
El alcalde insistió en que Sa Pedrea de Can Coix es una antigua cantera y no un espacio natural virgen, y pidió no confundir la presencia de elementos propios de un montaje temporal —generadores, instalaciones eléctricas, bombonas de gas— con la ausencia de medidas de seguridad. Cerró su intervención resumiendo su versión de los hechos —no hubo alquiler por 199 euros, no fue una fiesta secreta, no se celebró en un espacio natural virgen y no se autorizó sabiendo que habría un lago con agua real— y reconociendo el derecho de la oposición y de la prensa a fiscalizar y a informar, aunque acusó a los socialistas de haber construido «un relato» a partir de titulares que, dijo, «necesita de muchos matices» al analizar el expediente completo.
