@D.V: Hace un año, el pueblo de Sant Antoni de Portmany se volcó para ayudar a Iker, un niño que sufre una parálisis cerebral severa. Sus padres, José María y Sara, recuerdan con emoción el cariño que recibieron de todos sus vecinos. La campaña solidaria recaudó 22.425 euros, una cantidad que se ha traducido en mejoras en la calidad de vida de Iker: se ha adaptado el cuarto de baño a su discapacidad, sus padres han comprado una silla de plástico especial para la ducha, un corsé para evitar que se le deforme la espalda y unas férulas ortopédicas para las piernas.
No obstante, la vida de Iker sigue sin ser fácil.
Mal lugar para las personas con problemas
“Eivissa es un sitio bonito donde vivir, pero cuando la vida te da un golpe de este tipo, se convierte en el peor lugar posible”, dice José María Martínez, el padre Iker, que ya tiene cinco años de edad. El niño no recibe en Eivissa el tratamiento que necesita. Su estado actual exige atenciones constantes, unos cuidados que la sanidad pública no ofrece en la isla. Iker se ha convertido en un ciudadano de segunda categoría, sin derecho a una atención sanitaria digna.
“Nuestro hijo tiene crisis epilépticas y debería ir al neurólogo cada mes. En Can Misses la lista de espera es de seis meses. No tenemos más remedio que pagar una consulta privada en la península”, comenta Sara Miquel, la madre. “Si queremos que le atiendan bien, hay que pagar”.
Los padres de Iker también pagan por un oculista privado -la lista de espera del oculista de Can Misses es eterna-. El corsé, que se tiene que renovar cada año, cuesta 1200 euros; las férulas cuestan 750 euros; una hora de estimulación con un fisioterapeuta, 40 euros. “Iker mejoraría con mucha estimulación, lo ideal serían ocho horas diarias, pero no nos lo podemos permitir”, comenta su madre, “todavía gracias que podemos utilizar el servicio de estimulación que nos ofrece Apneef, que se han portado genial con nosotros”.
La justicia, cuando es lenta, no es justicia
El día a día no es fácil. Sara tuvo que dejar de trabajar porque su hijo exige una atención continuada de 24 horas. José María es encofrador y actualmente está en el paro. Ambos tuvieron que abandonar el piso en el que vivían y se han trasladado a casa de los abuelos, en Ses Païsses. Les han reducido la paga por dependencia -cobraban 520 euros al mes, ahora sólo reciben 442- y su situación económica es muy complicada. Ahora, esperan que los tribunales se pronuncien sobre la demanda que interpusieron contra el Ib-Salut por una supuesta negligencia médica que provocó la enfermedad de Iker.
“Hace un año que el tema está parado” comenta José María, “es desesperante por que todo va muy lento”. El Ib-Salut les ofreció 400.000 euros para cerrar el asunto, pero ellos reclaman un millón de euros como compensación: “No sirve de nada que nos den la razón o nos paguen el dinero dentro de cinco o diez años, nosotros necesitamos la compensación ahora” y concluye que “esto nos ha destrozado la vida”.
Mientras hablamos, Sara ha cogido a Iker en brazos y lo ha tendido sobre un diván en el comedor. Iker sonríe cuando lo acarician o cuando le muestran afecto. Cuando le sacan de casa se pone nervioso, pero cuando se encuentra en un entorno conocido y nota a su madre cerca, el niño se siente tranquilo, protegido e, incluso, feliz. “Hoy se porta bien”, comenta Sara con una sonrisa.
La abuela, Rosario, observa la escena y comenta: “No puede ser que en este país sólo haya justicia para los ricos. No puede ser”.
