El 8 de marzo de 2021 estalló el escándalo. Sergio Lleó, presunta víctima de abusos sexuales por parte del sacerdote de Ibiza Juan Manuel Souza Iglesias, desvelaba en Noudiari que el Arzobispado de Valencia estaba investigando a este cura tras conocer su caso.
Según explicó entonces la víctima, los hechos se remontaban a 1996, cuando él tenía 10 años y era monaguillo en la iglesia del Rosario de la Ciudad de Ibiza. Aseguraba que el sacerdote cogió su mano y la llevó a su pene en al menos en tres ocasiones. Y afirmaba, además, que conocía otros casos de abusos cometidos por el mismo cura a otros niños de Ibiza y en diferentes años.
El suyo era el primer testimonio de un caso que, a lo largo de las semanas siguientes, alcanzó una dimensión mucho mayor, al conocerse nuevos testimonios de niños y al menos un adulto presuntamente abusados por el mismo cura. El Obispado de Ibiza tomó la decisión de apartar a Souza de todas sus funciones en la Iglesia Católica. El cura abandonó Ibiza y se trasladó a Galicia pocos días después de que saliesen a la luz los primeros casos.
Algunos de los abusos denunciados por varias personas (seis en total) se remontaban a los años 90 y otros llegaban hasta el año 2006 e incluso 2010, según la primera denuncia penal oficial que se hizo pública y que avanzó también Noudiari.
Sergio Llegó, por su parte, acudió a la Policía Nacional para formalizar la denuncia penal un 21 de abril de 2021.
Sabía que había casos recientes en el tiempo, de solo once años atrás, y que el sacerdote tendría que ser juzgado por un delito continuado de abusos sexuales a menores y personas ya adultas. Confiaba en que no se daría nada por prescrito y se investigaría cada caso a fondo, dada la gravedad de los hechos.
«Nada más lejos de la realidad», lamenta ahora.
Y es que su sorpresa ha sido mayúscula cuando ayer acudió a los Juzgados de Ibiza para conocer en qué estado estaba su denuncia, dado que en todo este tiempo «no había recibido notificación ni citación alguna». Allí le han explicado que su caso se archivó porque el delito había prescrito, por el tiempo transcurrido entre los presuntos hechos y la denuncia.
Pero, según ha podido averiguar el afectado, deberían haberle notificado el archivo de su causa unos días después, «algo que nunca sucedió».
«Debería haber recibido una notificación de esta prescripción para poder recurrir, pero nunca la recibí. De modo que, a efectos legales, nadie ha investigado el caso en los dos años y cuatro meses que han pasado desde la denuncia», explica a Noudiari.
Ahora ha buscado asesoramiento y va a poner “los medios necesarios” para asegurarse de que su denuncia sea correctamente tratada. “Me temo que hay otras denuncias que tampoco se han tenido en cuenta”, sospecha. Es más, Noudiari se ha puesto en contacto con otra víctima que denunció penalmente su caso, ocurrido presuntamente en la iglesia de San Pablo de Ibiza, y que tampoco ha recibido citación ni notificación alguna al respecto, aunque todavía no tiene información directa u oficial de qué ha pasado con su causa. Puso la denuncia en Mallorca, donde residía, en junio de 2021.
Lleó conoció esta semana, a través de una noticia de Periódico de Ibiza, que Fiscalía pedía seis años de prisión por dos delitos de abusos cometidos presuntamente por el sacerdote y que los hechos ocurrieron en un periodo comprendido entre 1994 y 2010.
Pero ninguno de los dos casos a los que hacía referencia el escrito de Fiscalía era el suyo y tampoco el de otras víctimas que él conoce directamente.
“Faltan casos por tener en cuenta, falta citar a mucha gente a testificar y me parece lamentable que esté pasando esto en un tema tan tremendo y delicado como este, no me lo puedo creer”, explica el afectado a Noudiari.
Hay que recordar que Sergio Lleó ha sido entrevistado por el Defensor del Pueblo en relación a su caso, dentro de una investigación nacional para desentrañar casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica y que tiene como fin último la reparación de las víctimas.
Según le ha explicado un abogado, «la Fiscalía tendría que haberse opuesto al archivo de la causa» y que, como mínimo, deberían haberle llamado a declarar.
«Insisto en que uno de los casos que sí está en fase de instrucción y que sí recoge el escrito de acusación habla de delito continuado en el tiempo de 1994 a 2010 y que mi caso estaría dentro de este período. Todo esto me parece una vergüenza», concluye.
Para determinar si un delito es continuado en el tiempo tienen que darse varias circunstancias que parecen cumplirse en el caso del sacerdote Juan Manuel Souza. La ley deja claro, además, que «las acciones realizadas no deben enjuiciarse por separado» en este tipo de causas.
Los hechos los cometió presuntamente la misma persona en el mismo lugar (Ibiza) y durante un periodo que iría de los años 90 del siglo pasado a 2010. Además, el modus operandi es prácticamente el mismo en todos los casos: ganarse la confianza del menor o del adulto en situación vulnerable, conseguir la confianza de la familia y someter finalmente a la víctima a tocamientos de diferente índole en espacios privados, principalmente las casas parroquiales por las que pasó: San Pablo y el Rosario, según las denuncias llegadas a este medio.
Resumen: El naZional catolicismo de toda la vida, aquí y allí.
Pero el problema es; la supuesta ley que se le atribuye a Irene Montero.
Qué calamidad.