Por Soldat: La política exterior de los EEUU abarca muchísimo más de lo que uno pueda llegar a imaginar. Wikileaks ha evidenciado que ningún rincón de cualquier país soberano queda lejos de la preocupación norteamericana, aunque se trate de una pequeña isla del Mediterráneo dependiente de una administración estatal en sus horas más bajas.
La revolución de Wikileaks impulsada por Julian Assange, ahora refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres para no ser extraditado a Suecia a raíz de una denuncia por abusos sexuales, ha dejado claro que todas las delegaciones yanquis envían sistemáticamente informes sobre cualquier aspecto cotidiano donde representan los intereses de Washington. Y Eivissa no se ha quedado al margen.
Así se desprende de este cable que envió la embajada estadounidense en Madrid a la Secretaría de Estado dirigida por Hillary Clinton, el equivalente a nuestro ministerio de Asuntos Exteriores, titulado «Controversia en España por las lenguas oficiales»: http://wikileaks.org/cable/2009/08/09MADRID836.html.
Este informe, fechado el 20 de agosto de 2009, advierte a Washington de los movimientos contra la ley que garantizaba que los usuarios de los servicios públicos en la comunidad autónoma balear pudieran ser atendidos en su lengua. El texto cita literalmente la supuesta amenaza de un grupo de facultativos del hospital Can Misses: “El pasado mes de abril, 30 médicos del único hospital de Ibiza, en las Islas Baleares, anunciaron su intención de abandonar la isla después de que la comunidad autónoma decretara que los doctores debían pasar un examen para probar su dominio del catalán. Unas 2.500 personas se manifestaron contra la exigencia de la lengua catalana a los médicos”. A partir de allí, el informe pasa a relatar la polémica de las sanciones impuestas por la Generalitat catalana a los comercios que no cumplen la normativa impuesta en esa comunidad.
¿2.500 personas?
Un repaso histórico a la prensa de la época revela que el 1 de abril de 2009 se manifestaron unos 200 trabajadores del hospital Can Misses, no 2.500, tanto médicos como otro personal sanitario, para solicitar que no se empezara a aplicar de inmediato en este sector la Ley de la Función Pública, la misma que ya hacía años permitía que el resto de servicios de la administración balear garantizaran los derechos de los usuarios que sólo hablan catalán o que simplemente querían ser atendidos en su lengua.
La confusión numérica del informe de la embajada de los EEUU parece deberse a que, en las mismas fechas, hubo una manifestación en Palma contra este decreto del Govern balear, impulsada por el grupo mallorquín anticatalanista Círculo Balear. Esta entidad defiende que en las islas no se habla catalán, sino ‘llengo balear’, una afirmación que sostiene con comparaciones léxicas como que la palabra “gato” en Mallorca se denomina “moix”, mientras que en Catalunya se dice “gat” (al igual que en Eivissa y Formentera), entre otras analogías.
La actual dirección de Can Misses ha mostrado su sorpresa al conocer este interés por parte de la política exterior de los EEUU y ha recalcado que ningún medico ni personal sanitario ha amenazado ni ha abandonado el hospital por motivos lingüísticos. Estas mismas fuentes señalan que el anuncio reflejado en un diario (calificado de “centro-derecha” en el informe) debía deberse a una carta de un grupo de doctores al sindicato médico Cemsatse para expresar su descontento por la obligatoriedad del catalán, ya que, al día siguiente de filtrarse su intención de abandonar Can Misses, los medios que se hicieron eco de este hecho matizaron que “se irían si reciben una oferta de otro sitio”. Nadie se ha ido.
Es más, según relata después, al conocer los hechos, el responsable del área sanitaria del PSOE ibicenco y anestesista de Can Misses, Juan Navarro Marí, “casi todos los médicos hablan catalán sin problema”. “La polémica se debe a que a algunos les molestó que tuvieran que examinarse del nivel B de catalán, pero la mayoría ya se estaba formando en el momento del decreto y casi todos lo hablaban sin problema, sobre todo si tenemos en cuenta que mucha gente mayor de los pueblos no sabe castellano”. “Los médicos son muy profesionales y cumplen a la hora de atender y empatizar con sus pacientes”, sentencia.
Finalmente, con la entrada en vigor de la nueva normativa del ejecutivo autonómico de José Ramón Bauzá, los facultativos se han librado de probar sus conocimientos del catalán, que figura como mérito y no como exigencia. La nueva ley de la Función Pública de la comunidad balear obliga a todos los funcionarios que trabajan de cara a los usuarios a saber la lengua propia de las islas, pero exime al sector sanitario. “¿Pero es que los médicos no atienden a personas?”, resume Navarro.
Opinión: «Miseria y crujir de dientes», por David Ventura
Quines coses de ses que preocuparse aquests nord americans