EFE / – La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que los terrenos que el Ministerio de Defensa pondrá a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos para construir 20.000 viviendas de alquiler social «no va a suponer ningún gasto» para esas administraciones.
En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, Montero ha afirmado que la adquisición de los suelos para la edificación «no tendrá un coste añadido para las comunidades autónomas ni ayuntamientos», sino que «se financiará con recursos del Estado que ya están contemplados».
«Va a ser una propia operación, al marco y al interior del Gobierno de España», ha incidido la también vicesecretaria general del PSOE, para añadir: «Eso significa que no será como en otros casos en los que algún ayuntamiento que se ha interesado por unos terrenos (de Defensa) ha tenido que comprarlos, o alguna comunidad que ha querido suelo para dedicarlo a algún uso y lo ha comprado».
Montero ha dicho que el Gobierno dará todos los detalles cuando el convenio sea aprobado en el Consejo de Ministros, que según han señalado este jueves fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no será en el próximo, del miércoles 3 de mayo, pero sí podría ser en el siguiente, el del martes 9 de mayo.
La ministra de Hacienda ha explicado que el convenio con Defensa que tiene que firmar el Ministerio de Transportes a través de Sepes «está bastante avanzado» y que «hay una gran representación de la totalidad de la geografía española dentro del convenio».
Ha expuesto también que «son terrenos de Defensa que en este momento ya no son estratégicos para la defensa del país», y que «por tanto no se pueden elegir» ahora, ya que se trata del suelo que una empresa de Defensa ya «tenía para su tasación y posterior venta».
«Estamos ultimando el convenio que llevaremos al Consejo de Ministros en breve para posibilitar que en cumplimiento de la ley de Defensa esos terrenos se puedan adquirir por parte de Sepes; está todo en marcha, todo preparado, y con los informes favorables de Hacienda, que es lo más importante en este caso», ha indicado respecto a la labor del departamento que dirige.
Ha continuado: «A partir de ahí cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, tiene que ejercer sus competencias, porque el Gobierno de España no puede sustraer las competencias de otras administraciones, y lo que queremos es que todos a la vez seamos capaces de agilizar esos procesos para que en el plazo más breve posible esa totalidad de viviendas esté construida».
