Baleares pide apoyo del Estado para poder clausurar los pisos turísticos ilegales

EFE / La consellera balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha reclamado este viernes el «auxilio» del Estado para «poder proceder al precinto y a la clausura de los pisos turísticos que se alquilan ilegalmente».

Así se lo ha trasladado esta mañana a la ministra, Isabel Rodríguez, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada hoy en el Ministerio del ramo, que se ha dedicado en exclusiva a la problemática de los pisos turísticos.

«Nos preocupa mucho que el foco se ponga en la parte fácil, que es en vetar el alquiler turístico afectando siempre a lo que es el alquiler turístico legal, cuando nosotros consideramos que el foco se tiene que poner en el alquiler turístico ilegal», ha declarado Vidal a los medios al término de la reunión.

Vidal ha reprochado a la ministra que utilice el término «alegal» cuando se refiere «al intrusismo y a la actividad clandestina de alquiler turístico en viviendas de uso residencial, que es lo que está causando un problema muy importante».

Y ha aseverado que necesita «el soporte de la normativa estatal» para ejecutar con garantías la clausura de los pisos ilegales.

Identificadas 8.700 viviendas turísticas ilegales

La consellera ha indicado que, en un «primer barrido» impulsado por el Govern, se han identificado 8.700 viviendas turísticas ilegales. La cifra no es definitiva, pero Vidal está segura de que «el porcentaje de las viviendas turísticas legales representa un porcentaje muy, muy bajo frente a las ilegales».

Por otro lado, la consellera ha reiterado su rechazo a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y ha dejado claro que Baleares no la va a aplicar «en ningún caso» y pese a las «muchísimas presiones» que está recibiendo el Govern, en especial de los municipios gobernados por el PSOE.

Ha subrayado asimismo que la región debe ser «plenamente libre» para ejercer sus competencias en materia de vivienda.

También le ha reclamado a la ministra que ofrezca «seguridad jurídica a los propietarios» para fomentar que pongan sus pisos en el mercado de alquiler residencial, recordando que en Baleares hay «100.000 viviendas cerradas».