El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado este jueves la resolución del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo de la plaza de España, poniendo así un punto final —al menos formal— a un conflicto que se arrastra desde hace casi veinte años.
Sin embargo, la decisión no entrará en vigor de inmediato: su efectividad queda aplazada hasta que un juzgado dicte sentencia de primera instancia sobre los recursos contencioso-administrativos que las empresas Ibiza Movilidad Portmany y Med Real Estate Opportunity han presentado contra el Consistorio.
El origen de este embrollo se remonta a 2006, cuando la empresa Subsuelos Urbanos obtuvo la concesión para construir y explotar durante 75 años el aparcamiento, que finalmente se inauguró en 2008 bajo el mandato del entonces alcalde José Sala.
La concesionaria nunca llegó a subsanar varias deficiencias de la obra pese a los requerimientos del Ayuntamiento, y en 2014 entró en concurso de acreedores. Tras el cierre unilateral del aparcamiento por parte del administrador concursal, el Consistorio rescató la concesión y, más adelante, la empresa Med Real Estate Opportunity se hizo con ella mediante una subasta judicial.
El problema se agravó cuando esta última compañía, antes de disolverse como persona jurídica, traspasó la gestión del aparcamiento a otra empresa vinculada, Ibiza Movilidad Portmany, sin contar con la autorización municipal preceptiva. Para el Ayuntamiento, esa cesión irregular es motivo suficiente para extinguir la concesión, a lo que se suma que, a su juicio, la actual gestora tampoco cumple los requisitos técnicos ni de solvencia económica exigidos por el contrato. El alcalde, Marcos Serra Colomar, ha señalado además que fue la propia matriz, Med Real Estate Opportunity, quien aportó el capital de la nueva concesionaria antes de desaparecer.
Desde entonces, Ibiza Movilidad Portmany gestiona el aparcamiento en una situación jurídicamente incómoda: sin título habilitante reconocido, pero manteniendo el servicio por orden expresa del propio Ayuntamiento, que teme que una interrupción brusca perjudique a los usuarios mientras se resuelve el expediente. Así lo ha explicado en varias sesiones plenarias la segunda teniente de alcalde, Maria Ribas Boned.
El camino administrativo hasta llegar al pleno de este jueves no ha sido lineal. El procedimiento de resolución del contrato se inició en septiembre de 2024, cuando el pleno denegó también la cesión a Ibiza Movilidad Portmany. Meses después, en enero de 2025, se desestimó el recurso de reposición de esta empresa y el expediente se remitió al Consell Consultiu de las Islas Baleares para un dictamen preceptivo, lo que suspendió el plazo administrativo. En junio de 2025 trascendió que el propio Consell Consultiu consideraba caducado el procedimiento por haberse superado ese plazo, lo que obligó al Ayuntamiento a declarar la caducidad del expediente original y a abrir uno nuevo, algo que ocurrió en septiembre de 2025 con los votos del PP y las abstenciones de Vox y Unidas Podemos. Es este segundo expediente, reiniciado hace apenas unos meses, el que ha llegado finalmente al pleno de este jueves.
Paralelamente al frente administrativo avanza un litigio económico de fondo. Subsuelos Urbanos reclama al Ayuntamiento, desde 2010, una indemnización millonaria por no haber cerrado los aparcamientos disuasorios gratuitos del municipio, a los que acusa de competencia desleal. La reclamación, que empezó rondando los cuatro millones de euros, ha superado ya los catorce millones, aunque el perito judicial ha situado la cifra procedente en 1,6 millones y el propio Ayuntamiento calcula que, en caso de tener que pagar, la cantidad rondaría los 700.000 euros. Med Real Estate Opportunity se ha personado en este procedimiento únicamente para adherirse a la reclamación, sin que por ahora se le haya reconocido ningún derecho adicional.
El tercer frente, el penal, también ha vivido novedades recientes. Los exalcaldes José Sala y Pepita Gutiérrez, junto con varios exconcejales de sus equipos de gobierno, se sientan en el banquillo por su actuación en relación con los aparcamientos disuasorios en un juicio previsto para enero de 2027. Sin embargo, el alcance de la causa se ha reducido tras que Subsuelos Urbanos retirara la acusación por un presunto delito continuado de malversación, después de que la defensa cuestionara su legitimidad para acusar por ese delito. El juicio queda así limitado a un posible delito de prevaricación administrativa, por lo que los acusados ya no se enfrentan a penas de prisión, sino como mucho a la inhabilitación.
Con la decisión de este jueves, el Ayuntamiento de Sant Antoni da un paso más hacia el cierre de un culebrón concesional que combina frentes administrativos, civiles y penales, aunque el desenlace definitivo seguirá dependiendo de lo que resuelvan los tribunales. Mientras tanto, la gestión diaria del aparcamiento continúa en manos de Ibiza Movilidad Portmany, la misma empresa a la que el propio pleno denegó formalmente la cesión del contrato hace ya casi dos años.
