El despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, ejercerá la defensa del multimillonario estadounidense James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr. en el procedimiento de extradición que tiene abierto en la Audiencia Nacional ser detenido en España a petición de Estados Unidos (EE.UU.), que le reclama por financiar al grupo terrorista Hamás.
“Lideramos la estrategia legal de Fergie Chambers para probar ante los tribunales españoles que las actividades por las que se le cuestiona únicamente están vinculadas a fines humanitarios, y exigiremos el total cumplimiento de sus derechos fundamentales”, anuncia en un comunicado el despacho de Garzón, que ejerció la defensa del fundador de Wikileaks Julian Assange en otro importante proceso de extradición.
El filántropo y activista de izquierdas James Cox ‘Fergie’ Chambers Jr. es miembro de una las familias con mayor fortuna de su país, dueña del conglomerado Cox Enterprises, con intereses en automoción, medios de comunicación e inversiones.
Fue arrestado el pasado 10 de julio en Ibiza cuando iba en coche con su familia. Tras su detención pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Antonio Piña, se encontraba en funciones de guardia.
Tras declarar por videoconferencia, y a petición de la Fiscalía, el juez decretó su ingreso en prisión incondicional y actualmente se encuentra en un centro penitenciario de Madrid a la espera de que se decida sobre la petición de entrega formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás.
En su comunicado, el despacho de Garzón señala que las autoridades estadounidenses atribuyen a Chambers presuntos delitos relacionados con financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, en una causa que continúa bajo secreto.
Conocido por su actividad filantrópica y por sus donaciones a proyectos sociales y humanitarios, Chambers ha apoyado en los últimos años distintas iniciativas de solidaridad internacional, entre ellas proyectos de ayuda civil en Gaza, indican sus abogados.
Chambers, añaden, rechaza las acusaciones y defenderá ante los tribunales españoles que las actividades por las que está siendo investigado no tienen ningún contenido penal y se ubican exclusivamente en su actividad filantrópica de apoyo a iniciativas humanitarias.
El procedimiento de extradición se desarrollará en la Audiencia Nacional y en el caso de que la entrega sea declarada procedente corresponderá al Gobierno de España la decisión final sobre su ejecución.
A raíz de su detención, su familia denunció que la reclamación responde a una «persecución política» de la administración del presidente Donald Trump por el apoyo del filántropo a la causa palestina.
Considera que se enmarca en una estrategia de represión contra el movimiento internacional de solidaridad con Palestina y afirma que el empresario afronta una petición de extradición por varios cargos federales que podrían acarrearle una pena de hasta 30 años de prisión.
El cargo más grave, concretan sus parientes, se refiere a una supuesta financiación de la resistencia palestina, una acusación que califican de «fabricada» y que, aseguran, se fundamenta únicamente en transferencias de fondos realizadas por Chambers desde Estados Unidos a Túnez, país donde residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.
EFE
