EFE / El juzgado de instrucción 5 de Palma ha iniciado diligencias previas por la querella de Canal 4 contra el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, y dos altos cargos por subvencionar con 20.000 euros a Radio Ona Mediterrània pese a no tener licencia para emitir.
El juzgado ha admitido a trámite la querella por prevariación administrativa contra Company, el secretario autonómico de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda, y la directora general de Política Lingüística.
En concreto, Canal 4, grupo de comunicación privado con dos licencias de frecuencia modulada en Mallorca, una en Maó y otra en Ibiza, denuncia que en la convocatoria de ayudas para medios de comunicación que usen como lengua principal el catalán correspondiente a 2022 se adjudicaron 20.000 euros a Ona Mediterrània, aunque no puede optar a esas subvenciones.
La empresa querellante detalla en su escrito al juzgado que tanto la ley estatal como la autonómica establecen que la titularidad de una licencia concedida por la autoridad competente, la autonómica en este caso, es preceptiva para poder hacer emisiones comerciales de radio.
Resalta que la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura no solo es la responsable en materia de fomento del uso del catalán, sin que también tiene asignadas las funciones de «tramitar, conceder y resolver las licencias de radiodifusión sonora en ondas métricas en las Islas Baleares».
Por tanto, los querellados, firmantes de la subvención a Ona Mediterrània, «son perfectamente conocedores de qué entidades tienen la preceptiva licencia para poder emitir», remarca Canal 4.
Las ayudas a radios en catalán, de las que Ona Mediterrània obtuvo casi un tercio del total en 2022, contemplan como requisito «estar activo como medio en catalán», lo que a juicio de Canal 4 no cumple la emisora subvencionada por carecer de licencia.
Es «inadmisible, arbitrario y fuera de amparo jurídico el otorgar subvención alguna con las características que son obligatorias», remarca la emisora denunciante, que añade que la misma circunstancia se dio en la convocatoria de 2021.
Agrega, además, que en diciembre del año pasado pidió a la Conselleria información sobre cuáles son las emisoras de frecuencia modulada con licencia en vigor, pero, «hoy en día, este requerimiento no ha tenido respuesta».
