La Asociación de Constructores de Baleares ha expresado hoy mediante un comunicado su «rechazo frontal» al funcionamiento y régimen jurídico actual de la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears (CMAIB).
«Desde hace años venimos reclamando que este organismo debería regirse por criterios exclusivamente técnicos. Sin embargo, la realidad diaria demuestra que la CMAIB actúa con arbitrariedad y un fuerte componente subjetivo«, critican.
Para argumentar estas críticas han explicado pormenorizadamente su funcionamiento y carecencias
Arbitrariedad y falta de rigor
El primer problema que denuncian es «la arbitrariedad que se manifiesta en sus decisiones fruto de la propia composición del Comité Técnico y la falta de conocimiento en general de los proyectos, al tratar temáticas muy variadas».
Dicho Comité está formado por funcionarios de las distintas conselleries elegidos para cada reunión por sus superiores. «Deben tratar y votar obligatoriamente (no está permitida la abstención) temas de los que, en muchas ocasiones, no son expertos», lamentan.
«Cada proyecto es presentado por un funcionario-ponente que ha redactado un resumen, un informe y una propuesta. Estos documentos son totalmente libres y no existe control ni verificación de su contenido, aunque se hagan consideraciones técnicas que no son la especialidad del ponente», argumentan.
Después se abre un debate y se somete a votación. «Consideramos que este procedimiento provoca grandes dosis de arbitrariedad y falta de rigor que se deberían subsanar creando un comité que estuviera formado por equipos multidisciplinarios que hayan estudiado cada proyecto», añaden.
Los constructores consideran «inadmisible» que una persona que no conozca y haya estudiado el proyecto con anterioridad pueda votar sobre él y por ello consideran imprescindible que el Organismo dicte unas normas objetivas a las que todos los informes se adecúen para después pasar a votación para evitar la arbitrariedad.
Indefensión del promotor
Otra de las quejas es que la Comisión de Medio Ambiente emite sus resoluciones sin la posibilidad que puedan ser recurridas por el promotor o responsable del proyecto. «Esto genera una enorme indefensión para el ciudadano», critican.
El informe vinculante de la CMAIB es recogido por la administración correspondiente «sin capacidad de alegación», subrayan.
El sistema de votación actual no les parece adecuado porque se escuda en el anonimato y piensan que cada informe final debería estar firmado por un solo responsable. Por eso, reclaman que la Comisión debería transformarse en un órgano administrativo, por ejemplo, en una Dirección General.
Composición del comité sin representación empresarial
Les parece correcto que haya un representante en el comité técnico perteneciente a entidades ecologistas con voz y voto, pero consideran una discriminación «que no haya ninguna representación del ámbito empresarial en dicho comité con los mismos derechos».
Por todo ello, solicitan al Govern cambios urgentes en la Comisión de Medio Ambiente «que permitan acabar con la arbitrariedad en su funcionamiento y se rija exclusivamente por criterios técnicos neutros, sin ninguna carga ideológica».
Eliminar duplicidades, cumplir plazos y simplificar la tramitación
También han pedido revisar la necesidad de otros informes supramunicipales «que causan grandes demoras en la tramitación de licencias como pueden ser de Recursos Hídricos, donde es notorio que existe un colapso».
«Somos conscientes que llegan hasta recursos hídricos muchos expedientes que se podrían resolver por parte de los técnicos municipales, que ante la duda, los trasladan a este organismo. Eso no exime que se dote de más personal a este organismo para su correcto funcionamiento», sugieren.
Para agilizar la tramitación de licencias, insisten en que se deben evitar duplicidades de informes y controles.
«Destacamos el ejemplo del municipio de Palma que recientemente ha aprobado sustituir el trámite de autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos para todas aquellas solicitudes de licencia de obra mayor por la comprobación municipal del cumplimiento de las condiciones del Plan General y del Plan Hidrológico. Creemos que los ayuntamientos deberían adoptar criterios similares que permitirían acortar las injustificadas demoras que sufren los ciudadanos y que incumplen la ley. Esperamos que el nuevo Decreto de Simplificación Administrativa que prepara el Govern pueda incidir en estos temas, agilizar las tramitaciones y eliminar burocracia innecesaria», apuntan en un comunicado.
Por ejemplo, cualquier actuación en suelo rústico tiene que autorizarse por el Consell Insular correspondiente para comprobar que se cumple con la parcela mínima y con el Plan territorial Insular. «Creemos que este control se podría llevar a cabo por parte de los propios ayuntamientos», proponen.
Otra duplicidad manifiesta es la licencia de primera ocupación que emiten los ayuntamientos y las cédulas de habitabilidad que la emiten los Consells Insulares. «Se deberían poder unificar».
En referencia a la Autoridad de Navegación Aérea, «cuando se aprueba un Plan General ya se realiza un informe para saber que alturas se pueden construir». Por tanto, «no tiene sentido que después para cada proyecto individual se tenga que pedir un informe si la obra ya cumple con el Plan General».
En definitiva, piden que en todos los informes sectoriales se haga una labor de simplificación administrativa, evitar duplicidades y que cada administración resuelva lo que entra dentro de su competencia.
«Debe existir un compromiso por parte de las administraciones para que resuelvan sus expedientes en los plazos que marca la ley. Una medida muy importante sería Implantar el silencio administrativo positivo porque obligaría a cumplir con los plazos. Además, muchos de los problemas de seguridad jurídica se resolverían si las administraciones cumplieran los plazos legales», concluyen.
Satisfacción por la externalización de la tramitación de licencias urbanísticas
Tanto la Asociación de Promotores Inmobiliarios como la Asociación de Constructores habían solicitado al Govern dar un paso más y autorizar las Entidades de Colaboración Urbanística (ECUS) para descargar de trabajo a los técnicos municipales y poder reducir la demora en la tramitación de licencias. «Celebramos el anuncio de la presidenta Prohens para que entidades homologadas puedan llevar a cabo dichas comprobaciones. Una medida que ya aplican la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana con éxito», aplauden.
Esta asociación cuenta con 280 empresas asociadas en el archipiélago. Están integrados en la Confederación Nacional de la Construcción a nivel estatal y en la CAEB en Baleares.
