EFE / La directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, ha advertido este viernes de que “limitar el acceso al no residente no es la solución a la falta de vivienda» en Baleares y además es «inviable» por ser contraria a los principios de la UE de libre circulación.

Verger ha participado en la charla-coloquio Apuntes sobre actualidad del sector Inmobiliario y de la Construcción en Baleares organizada por KPMG en la Confederación de Asociaciones Empresariales (CAEB), ha informado la patronal en un comunicado.

También la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha señalado que limitar el acceso a los no residentes en las islas «no es la solución ante la grave situación de falta de vivienda y su encarecimiento en las Islas» y ha advertido de que «propuestas o debates de este tipo ahuyentan la inversión”.

El sector inmobiliario supone el 20 % del PIB balear y es la segunda actividad en importancia tras el turismo, incluyendo la parte que aporta la construcción.

Planas ha afirmado la demanda es «muy superior a la oferta en todos los segmentos y tipologías», lo que constituye «un problema de difícil solución que requiere de medidas de calado, no improvisadas, porque el sector inmobiliario de estas Islas sigue siendo enormemente atractivo para los no residentes, tanto extranjeros como nacionales, que ven oportunidades tanto de negocio como de segundas o primeras residencias”.

«Limitar la compra de viviendas a no residentes o gente que lleva menos de 5 años viviendo aquí, un debate abierto esta semana en el Parlament, no ataja el problema de nuestro mercado inmobiliario. Las soluciones son otras y deben ser consensuadas entre el Govern y el resto de los actores implicados”, ha subrayado.

El socio-responsable de KPMG en Baleares, Francisco Albertí, ha pedido «un debate profundo para buscar soluciones habitacionales como son la agilización de la normativa para que constructores y promotores hagan promociones de vivienda asequible a la que los habitantes locales que no tienen medios o ayudas tengan acceso«, y ha pedido «un diálogo público-privado”.

En opinión de Albertí, prohibir la compra a los no residentes también afecta a los nacionales «que vienen de la Península como médicos y policías» y que tienen que poder acceder a viviendas. Ha pedido «un marco legal que aumente el número de vivienda de protección oficial o vivienda tasada de promoción privada con unos precios que sean rentables”.

Por su parte, la directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, ha afirmado que se trata «de una propuesta inviable que va en contra de los principios básicos de la Unión Europea de libre circulación de personas y capital, y no soluciona el problema de vivienda en Baleares».

Ha atribuido la subida de precio «a lo poco que se ha construido». «Antes del boom inmobiliario (2008) se construían 7.000 u 8.000 viviendas al año; en los últimos años sólo alrededor de 3.000 al año. Si hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben”, ha afirmado, de manera que la vivienda ha subido en los últimos años entorno a un 50 % pese a las medidas y limitaciones promovidas por la administración.

«Limitar la compra por parte de no residentes provocará el mismo efecto, no es la solución”, ha insistido. Para Verger, la solución pasa por “construir vivienda asequible en suelo ya urbano», por lo que ha pedido que se agilicen los trámites.

Otra opción que propone Verger es incrementar alturas y densidades, en respuesta a que las islas son un territorio limitado que requiere «otras opciones para no consumir más”.

La presidenta de CAEB ha defendido la construcción como un sector «puntero» en Baleares, que «tira del empleo y que, además, ha sido el primero en las Islas en recuperar completamente el agujero económico que dejó la pandemia”.

Planas ha recordado que está afectado por la subida de los precios de los materiales. Ante esta situación, la indemnización que el Govern ha aprobado para que las empresas constructoras puedan seguir asumiendo obras públicas sin que queden desiertas, “enderezará parcialmente la situación», porque «no compensará la totalidad de los sobrecostes, pero ayudará a la supervivencia de las empresas que llevan más de un año soportando la escalada de precios e incluso trabajando con pérdidas”.