Constructores de Balears, en pie de guerra: «la política de vivienda impide ofrecer pisos asequibles»

El sector de la Construcción en Baleares ha mostrado hoy públicamente su “absoluto rechazo” a la política de vivienda de los últimos años que, según denuncian, está impidiendo “poder desarrollar vivienda asequible en Baleares”, ha dicho textualmente la presidenta de CAEB, Carmen Planas durante la rueda de prensa convocada por la Comisión de Construcción de CAEB.

“La nueva hornada de normas urbanísticas y anuncios de restricciones adicionales impone más trabas y criterios subjetivos. Se intenta desviar la atención sobre una política urbanística y de vivienda equivocada con consecuencias muy negativas”, asegura el sector.

La presidenta de la patronal ha estado acompañada en la comparecencia por el presidente de dicha Comisión, Óscar Carreras; la presidenta de la Asociación de Constructores de Baleares y vicepresidenta de CAEB, Fanny Alba; y el presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Luis Martín.

También han estado presentes el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Baleares (ABINI), Hans Lenz; así como presidentes o representantes de la Federació de la Fusta i Suro de Illes Baleares; la Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Baleares (AFACO); la Asociación de Maestros Pintores de Baleares (AMPB), la Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA) y la Asociación Patronal de Yeseros-Escayolistas de Baleares, estas tres últimas representadas por Antonia Capó; la Asociación de Fabricantes de Áridos de Baleares (AFA); la Asociación de Instaladores Empresarios de Balears (ASINEM); y la Associació d’Indústries Fabricants de Materials de Construcció de Balears (CONSTRUÏM), última en sumarse a CAEB a finales de 2022.

El sector ha analizado esta mañana la “delicada situación y el malestar creciente de un sector que se siente ignorado por una política urbanística que no está solucionando la grave falta de vivienda que padece esta Comunidad Autónoma, y la consecuente subida de los precios de la vivienda, que está afectando especialmente a los residentes de estas Islas y/o a aquellos que quieren trasladarse a trabajar o vivir aquí”, ha recordado Planas.

Desde el sector de la Construcción representado en CAEB, no entienden «por qué algunas de las medidas, de tanta relevancia social, no tienen cabida en las mesas de diálogo que el Govern convoca regularmente para ir de la mano y buscar consensos en los problemas que más afectan a la ciudadanía de Baleares”, ha añadido la presidenta de la patronal.

El ’decretazo’, «la gota que ha colmado el vaso»

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia del sector de la Construcción es el Decreto Ley 10/2022 de Medidas Urgentes en Materia Urbanística publicado el pasado 29 de diciembre en el BOIB que tiene previsto presentarse mañana en el Parlament y que, según vaticina de forma unánime todo el sector, no hará más que encarecer aún más la vivienda y fomentará la especulación del suelo en un entorno de máxima preocupación ciudadana.

Por este motivo, “solicitamos a los partidos políticos que reconsideren su posición ante un decreto que consideramos electoralista y que supone el último clavo al ataúd de la vivienda asequible en Baleares”, afirman desde las principales asociaciones adheridas a CAEB.

Por su parte, el presidente la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Luis Martín, ha afirmado: “consideramos este decreto un ataque frontal a la necesidad de vivienda asequible en Baleares, dentro de una situación de emergencia habitacional”. El Govern vuelve a utilizar este ‘decretazo’ para “aplicar sin consenso alguno unas medidas que provocan mayor inseguridad jurídica de propietarios e inversores al hacer urbanismo por decreto, invadiendo competencias municipales”.

Las limitaciones a los municipios para poder autorizar nuevo suelo urbanizable, a pesar de las necesidades actuales, “provocará un encarecimiento del precio de la vivienda, en vez de articular soluciones para disponer de suelo a precio razonable para poder desarrollar vivienda asequible”, continúa Carreras.

Éste recuerda que el precio medio de construcción de vivienda no baja de los 300.000 euros en Baleares desde el año 2012. “Para hacer vivienda asequible por debajo de los 250.000 euros se necesita suelo económico, pero la realidad es que cada vez hay menos suelo y eso ha encarecido y triplicado su precio en los últimos años”.

Al construir menos vivienda nueva, se presiona al mercado de la segunda mano, que encarece su precio, y a la vez repercute en una subida de los alquileres, al aumentar la demanda.

Este pasado 2022 la vivienda nueva se ha encarecido un 9,1%, la mayor subida del país, de acuerdo con los datos de Sociedad de Tasación. Normativa como este decreto, sumada a las dificultades del sector por el alto precio de los materiales y la energía, pronostican nuevas subidas de costes mayores para los inmuebles.

La principal motivación de estas medidas, según el Decreto, es priorizar la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana. Martín señala al respecto que “nos parece positivo y acertado, pero no podemos pretender que solo con estas actuaciones vayamos a resolver las necesidades de los municipios en materia de vivienda. La rehabilitación es cara a día de hoy por el elevado precio de la vivienda de segunda mano añadiendo a ello los elevados costes de los materiales y la energía». Además, «la prohibición a los municipios de no poder delimitar nuevo suelo urbanizable si el núcleo urbano posee más de un 15% de suelo vacante fomentará la especulación en los solares disponibles donde los propietarios sabrán que hasta que no se consuma este suelo no se podrá crear más y, por tanto, podrán poner el precio que quieran a su venta o promoción”, alerta.

El Govern “vuelve a utilizar el Decreto Ley para legislar sin consenso ni negociación con el sector un tema tan trascendental como la vivienda, que deberían poder decidir los municipios por sí mismos, sin interferencias y sin ver invadidas sus competencias”, manifiesta Martín.

«Más inseguridad jurídica, descenso de actividad y pérdida de empleo«

Este decreto junto a otras medidas y modificaciones reiteradas de normativa “solo provocan un aumento de la inseguridad jurídica. Esto causará un descenso de la actividad que se verá traducido en una reducción de las plantillas, pérdida de empleo en un sector estratégico como motor económico para las islas y del que dependen 58.000 familias en el Archipiélago y representa más del 25% del PIB de Baleares”, recuerda el presidente de PROINBA.

En números, la presidenta de la Asociación de Constructores, Fanny Alba, recuerda que Baleares tiene, con diferencia, la mayor tasa de esfuerzo para la compra de vivienda en España: 16,4 años de su sueldo (media en España 7,6 años; Madrid 8,7 años; Cataluña 8,5 años), según un estudio de Sociedad de Tasación.

Desde 2015 el precio de la vivienda se ha disparado un 68% y la población balear tiene que dedicar un 53% de su renta media a pagar la hipoteca, la cifra más alta de España (30,7% de media). Los datos de 2022 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca muestran que el año pasado se visaron 2.292 nuevas viviendas en la Isla, lo que supone un descenso del 20,9% respecto a 2021. Es incluso una cifra inferior a la del año 2020, justo en los peores meses de la pandemia.

El precio de la vivienda libre en Baleares en noviembre del 2022 alcanzó los 3.123 euros/m2. Es la cifra más alta de todo el Estado y supone el doble que la media nacional, según datos del Consejo General del Notariado de España.

El precio de la vivienda en alquiler en las Islas subió un 14,5% durante 2022 situándose entre os más altos de España con 13,8 euros/m2, según el informe anubla de Idealista. En Baleares hay 7.317 familias a la espera de una vivienda social, mientras que solo 460 jóvenes han recibido la ayuda de alquiler de 250 €/mes destinada a menores de 35 años (el alquiler debe ser inferior a 900 € y el sueldo a 24.300 €).

14 modificaciones legislativas en 4 años

Entre los motivos por los que el sector considera que ha subido tanto el precio de la vivienda en Baleares, Luis Martín, presidente de PROINBA, manifiesta que “en los últimos cuatro años ha habido 14 modificaciones legislativas en urbanismo, cuyo sistema jurídico balear es una jungla. El déficit de viviendas en Baleares es de más de 20.000 viviendas, al ritmo actual es imposible compensar la falta de vivienda”. Además, “Baleares tiene los impuestos de compra más altos de España. En los últimos 8 años se han subido tres veces».

Martín recuerda que “ni una tercera parte de las 1.800 VPO prometidas en esta legislatura serán entregadas. El Govern ha decidido tener la exclusividad en promoción de vivienda social y no ha alcanzado sus objetivos”. El Ejecutivo balear “sólo ha expropiado 16 pisos a grandes tenedores en los últimos cuatro años (apenas 3 se han habitado)», añaden.

El presidente de PROINBA denuncia que el tiempo medio de espera para una licencia de obra “es de 16 meses, cuando por Ley debe ser de 3 meses, algo que encarece innecesariamente el coste de la vivienda”. Tampoco la prohibición de alquiler vacacional “ha conseguido bajar los precios de alquiler”.

“No existe colaboración público-privada y las soluciones que propone el sector han sido ignoradas. Se utiliza el urbanismo como forma de limitar el crecimiento, montando un caos económico y secuestrando a la población local en una política de vivienda que juega en contra del bienestar”, añade Martín.

Es más, afirma que “se rompe el equilibrio social al culpar al no-residente del aumento de precios, poniendo como remedio una limitación contraria a la legislación europea”. «Tampoco han funcionado las políticas de reconversión de hoteles obsoletos en vivienda social», lamentan y afirman que “la apuesta por intervenir el mercado libre de alquiler corre el mismo riesgo de fracaso e inseguridad jurídica que ha producido en otros sitios del mundo”.

Desde ABINI, Hans Lenz recuerda que “limitar el acceso a los no residentes no es la solución a la falta de viviendas en Baleares”, algo que además “generaría un enorme problema a la economía balear aumentando las dificultares que ya tienen tanto las empresas como las administraciones públicas para conseguir que profesionales se desplacen a las Islas a trabajar”.

Por último, desde CONSTRUÏM se denuncia la “política autoritaria y poco dialogante” que estos últimos años ha tenido el IBAVI al utilizar materiales de construcción de fuera de España bajo el pretexto de ser “supuestamente más ‘sostenibles’ pero que no disponían de ningún tipo de acreditación técnica fiable ni certificación medioambiental”. En palabras del portavoz de esta patronal, Toni Garí, “en la adquisición de materiales de construcción se debe incentivar el suministro local y con un mayor y mejor criterio técnico y ambiental”.

«Desde el sector de la Construcción exigimos un pacto entre todos los partidos para actuar de manera determinada en un plan de vivienda para Baleares que se respete durante 20 años. También estabilidad normativa, seguridad jurídica y eficiencia en la tramitación, eliminando todo lo que no aporte valor al ciudadano y genere arbitrariedad al sistema”, asegura el presidente de la Comisión de Construcción de CAEB, Óscar Carreras.

Entre las soluciones que aporta el sector destacan:

• Adaptar la normativa urbanística urgentemente a las necesidades de la sociedad actual, aportando mayor flexibilidad y eficiencia a los espacios urbanos disponibles.
• Crecer en altura y en densidad, igualando alturas en zonas urbanas y permitir cambios de uso a suelos urbanos no aprovechados para generar vivienda asequible.
• Establecer un programa de cesión de suelo público en régimen de derecho de superficie para el desarrollo de vivienda a precio asequible.
• Incentivar al sector inmobiliario para poder volver a generar vivienda asequible.
• Incentivar con más recursos públicos la compra y el alquiler para jóvenes y personas vulnerables.
• Reducir la enorme carga fiscal de la vivienda.
• Reducir el tiempo de espera para las licencias de obra.
• Modernizar, homogeneizar y digitalizar los procesos administrativos relacionados con la vivienda, eliminando las trabas burocráticas que la encarecen.
• Dar salida a edificios obsoletos para que se pueda generar vivienda a precio asequible con una normativa que funcione.
• Incentivar la puesta en alquiler de viviendas vacías e incrementar la seguridad jurídica para arrendador y arrendatario.
• Incentivar la utilización de materiales de construcción locales, sostenibles y reciclados para así potenciar a la industria local y favorecer al tan necesaria reindustrialización del Archipiélago.

Dsde el sector de la Construcción instan al Govern y el resto de los partidos políticos a “establecer una Mesa de Trabajo de Vivienda entre sector privado y público con el objetivo de definir un Plan de Vivienda Asequible para Baleares que desarrolle y ofrezca soluciones al problema de vivienda en las Islas”, ha concluido Carreras.