La entidad ecologista Gob Mallorca y vecinos de Son Sardina han presentado un recurso contencioso-administrativo que ha sido admitido a trámite contra la adjudicación del contrato del traslado de residuos de Ibiza a la planta de Son Reus, en Palma.
Las entidades han puesto en marcha una campaña judicial, informativa y de movilización contra el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca porque, a su juicio, «supone un riesgo medioambiental y vulnera la legislación sobre gestión de residuos».
Representantes de estas organizaciones han explicado este martes una rueda de prensa en Son Sardina que el recurso, interpuesto el pasado 11 de junio contra la adjudicación del contrato para la denominada prueba piloto de traslado de residuos a la incineradora de Son Reus, fue admitido el 16 de junio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Palma.
El Gob y la asociación vecinal sostienen que el proyecto se ha impulsado sin participación ciudadana y bajo un supuesto criterio de urgencia que consideran injustificado, además de denunciar falta de transparencia sobre el volumen de residuos, los costes, las rutas y el impacto ambiental de la operación.
Como ha precisado Agustina Fernández, en representación de los vecinos de Son Sardina, la ‘prueba piloto’ constituye en realidad un traslado permanente de residuos, ya que contempla el envío a Mallorca de la práctica totalidad de la fracción de residuos generada en Ibiza.
Las organizaciones ecologistas y vecinales han alertado de que el transporte de los residuos a granel incrementará el riesgo de accidentes, vertidos y molestias por malos olores, además de acortar la vida útil del vertedero de Son Reus y comprometer la capacidad de reserva de la planta de incineración durante los periodos de mantenimiento.
También han criticado que la operación, adjudicada a la empresa Giref por casi tres millones de euros, ampliable hasta diez millones en función del volumen transportado, responde al fracaso de la política de gestión de residuos del Consell de Ibiza.
Por ello, las organizaciones han exigido nuevamente la paralización del proyecto hasta que se someta a información pública, se realice una evaluación de impacto ambiental y sanitario. También han solicitado que se abra un proceso de participación ciudadana.
Además, los portavoces han reclamado que los 50 millones de euros previstos por el Govern balear para esta operación se destinen a mejorar la recogida selectiva en Ibiza y Formentera y a desarrollar un nuevo plan director de gestión de residuos para la isla pitiusa.
Joan Mateos, de los vecinos afectados de Sa Garriga, ha avanzado que los vecinos y entidades prevén movilizaciones, si bien debido al «factor sorpresa» no ha especificado qué acciones concretas se llevarán a cabo, más allá de la participación en la manifestación convocada el 26 de julio contra la saturación turística.
EFE
