Ante la reciente decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de conceder una prórroga de un año al actual gestor de las instalaciones en el marco de la Autorización de Ocupación Temporal (AOT) de la dársena del puerto de Ibiza, el Club Náutico Ibiza (CNI) ha manifestado su total y absoluta disconformidad con una resolución que considera «un escándalo sin precedentes» al entender que lanza un mensaje inequívoco: «los incumplimientos no solo no se sancionan, sino que se premian».
El CNI recuerda que el objeto del concurso AOT contemplaba expresamente la “elección de la solución más ventajosa con especial atención al fomento y enseñanza del deporte que sea un referente en responsabilidad social en el sector náutico”, y éste fue el motivo por el que el CNI decidió presentarse a dicho concurso. No obstante, asegura que su proyecto deportivo fue «copiado por el otro concursante adjudicatario, que recibió una mayor puntuación que el propio CNI».
En segundo lugar, la obligación de dotar de seguridad a la dársena, dos puntos que, según la propia información publicada por la empresa adjudicataria, no se han cumplido, afirma el CNI. «De hecho, el actual gestor ha reconocido públicamente que no ha organizado ni una sola regata oficial, pese a que este aspecto fue uno de los criterios más relevantes en la valoración de los proyectos», denuncia el club ibicenco.
El Club Náutico Ibiza considera especialmente grave la falta de transparencia con la que la Autoridad Portuaria está gestionando este expediente. El pasado 21 de marzo, la entidad solicitó personarse en el procedimiento administrativo que dio lugar a la prórroga y, tras no recibir respuesta, reiteró la petición este 7 de mayo, sin que hasta la fecha haya obtenido contestación alguna. «Este silencio administrativo vulnera, a juicio del CNI, el derecho elemental a ejercer la legítima defensa de sus intereses».
Asimismo, el CNI recuerda que el pliego del concurso establecía que cualquier mejora propuesta por el adjudicatario se haría a riesgo y ventura del mismo, por lo que no entiende cómo la APB ha justificado la prórroga «pese al evidente incumplimiento de los compromisos asumidos voluntariamente por el actual concesionario».
Por último, señala que, «en aras del respeto institucional, esperará a recibir el expediente completo para valorar con precisión el alcance de esta resolución y decidir qué acciones emprender, sin descartar la interposición de recursos administrativos u otras acciones judiciales».
