@Noudiari/ La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha dado a razón parcialmente a cuatro vecinos que fueron expropiados por la ampliación del vertedero de Ca na Putxa y que reclamaban un aumento de la inemnización en concepto de justiprecio. Finalmente, el Consell Insular d’Eivissa tendrá que abonar una cantidad suplementaria de 1.046.850 euros a los vecinos, más los intereses legales correspondientes. El tribunal desestima la evaluación inicial del Consell, que formuló un justiprecio de 346.844,10 euros, ya que calculaba 3’24 euros el metro cuadrado más un porcentaje del 5%.
La sentencia confirma el terreno como “suelo rural no susceptible de transformación urbanística, es decir, el suelo no urbanizable” y que en estos casos, cuando se es expropiado para la realización de infraestructuras, “se valora como suelo rural, con arreglo al método de capitalización”. El tribunal se apoya en un informe firmado por la arquitecta superior Moraleda que examina la capacidad real del vertedero que resulta de los planos topográficos, contemplando las diversas plataformas que podrían ir ocupando los residuos: “para así alcanzar la conclusión que la capacidad real del vertedero al tiempo de la expropiación, es decir, en 2003, era de 3.810.870 m3, lo que se traduce en que el vertedero desarrollaría su actividad de recepción de residuos durante 29 años más, a los que deberían añadirse otros 30 años para realizar tareas de control y mantenimiento”.
A partir de estos cálculos, el perito judicial obtiene un valor de suelo por actualización de rentas cuyo resultado es de 9,78 euros/m2: “Por lo tanto, el justiprecio en el caso de la finca número 8 es el resultado de multiplicar la superficie de 101.953 m2 por la cantidad de 9,78 euros/m2, incrementado en el 5%, con lo que el justiprecio alcanza así la cantidad de 1.046.850,35 euros” concluye la sentencia.
