El Gobierno destinará 100 millones de euros para financiar este año la atención de los menores migrantes por las comunidades autónomas, que se verán obligadas por ley a acogerlos para aliviar la situación «extraordinaria» que viven Canarias y Ceuta.
El ministro Ángel Víctor Torres, responsable de la comisión interministerial sobre inmigración del Gobierno, ha presentado en rueda de prensa las líneas básicas del real decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Ministros que supone la reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas no puedan rechazar la acogida de esos menores, 4.400 en el primer año.
Los criterios, si no se pactan otros en una conferencia sectorial, se establecerán en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %).
Según el Gobierno, la suficiencia financiera está garantizada por un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros.
Tras el pacto con Junts, que permitirá que el real decreto-ley salga adelante en el Congreso, Torres ha tendido la mano a los partidos que votaron en contra este verano de la proposición de ley para el reparto de menores.
Y se ha dirigido, en este sentido al PP e, incluso, a Vox para que «reflexionen» y cambien el sentido de su voto, porque «¿qué razones humanitaria hay para negarse a acoger a esos menores?», se ha preguntado Torres.
«No sé si el PP se verá obligado por Vox» a adoptar una posición en contra porque quiere sacar adelante los presupuestos de algunas comunidades gobernadas por los populares, ha recalcado Torres antes de señalar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, deberá decidir «cuál es el Feijóo de ahora, el atado a Vox o el que decía que iba a acoger a menores a pesar de las amenazas de Vox».
El real decreto habilita a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para acordar por unanimidad los requisitos para la declaración de situación de emergencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios de aplicación del plan.
Si no hay acuerdo unánime de las autonomías para establecer otro criterio, se declarará situación de emergencia en una comunidad cuando exceda tres veces su ocupación ordinaria, como en estos momentos sucede en Canarias y en Ceuta.
Cuando eso ocurra, la comunidad correspondiente informará al Gobierno central de esa situación para que se articulen los mecanismos pertinentes, ha dicho Torres.
El real decreto recoge cómo se va a determinar la capacidad ordinaria de los servicios de acogida de cada territorio, siempre que no haya acuerdo unánime en la conferencia sectorial para establecer otros.
Se obtendrá, según ha explicado el ministro, al dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior por el número máximo de menores acogidos. Después, se dividirá la población total de cada comunidad por el coeficiente que haya resultado de la división anterior.
Para saber el número total de menores acogidos, las comunidades deberán enviar antes del 31 de marzo de este mismo año un informe certificado con fe pública de los funcionarios con el número de los que atiende cada una.
Torres ha confiado en que esos datos sean fiables, toda vez que es un certificado de los funcionarios. Si no lo hacen, se acudirá a los registros de los ministerios, ha puntualizado Torres después de asegurar que debería ser «una exigencia» que todos los españoles conocieran esas cifras reales.
Cada año se aprobará la capacidad máxima de cada comunidad y para ello, antes del 15 de enero de cada año las consejerías deberán remitir a la presidencia de la conferencia sectorial la cifra máxima de menores no acompañados atendidos por sus sistema de protección. EFE
