El Secretario General de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, ha asegurado hoy que el descuento del 75% a los residentes en las islas por el transporte aéreo está garantizado por la posibilidad de que el Ejecutivo central no logre aprobar sus cuentas al no contar con mayoría, ya que “los presupuestos contemplan partidas que son previsiones y que no tienen por qué ajustarse al escenario final”.
“En el presente ejercicio, a la cantidad de 560 millones recogida en los presupuestos vigentes, se han sumado ya ampliaciones de créditos por más de 383 millones de euros, que elevan el presupuesto total destinado a satisfacer el programa de subvenciones al transporte aéreo de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla a más de 940 millones de euros. Con esas ampliaciones se están pagando ahora mismo los expedientes mandados por las compañías aéreas durante el pasado verano”, ha explicado el secretario de Estado, desmintiendo que el descuento está en peligro por la falta de presupuestos generales.
Benito Núñez ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, donde ha respondido a la diputada ibicenca del PSOE, Milena Herrera, sobre los efectos de la entrada en vigor, el pasado 15 de agosto, del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima y la resolución de Marina Mercante relativa al cambio temporal de uso de embarcaciones de recreo. Núñez ha asegurado que Balears podrá limitar el alquiler comercial de las embarcaciones particulares, aunque desde la entrada en vigor del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima únicamente dos lo han solicitado y ninguna de ellas ha sido autorizada.
El secretario de Estado, según ha informado el partido socialista en una nota informativa, ha explicado que “se han recibido en total 17 solicitudes para toda España. De ellas dos para Balears. Y de esas 17 solicitudes, se han concedido dos autorizaciones de despacho, ninguna de ellas en Balears”.
En su intervención posterior, la diputada socialista ha acusado al Partido Popular de utilizar la normativa para generar “alarma innecesaria” y buscar la confrontación con el Ministerio, en lo que calificó como una “demostración más de su política pueril e irresponsable”.
