EFE / La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y los portavoces de la oposición han mostrado este martes en el Parlament su buena voluntad para negociar y prohibir construir en zonas inundables de Baleares, si bien han evidenciado durante el pleno sus diferencias en otros aspectos.
Todos los partidos han acordado posponer el debate que tenía que tener lugar este mismo martes sobre la ley de simplificación administrativa del Govern, con el propósito de llegar a un acuerdo urbanístico sobre el tema de las zonas inundables de Baleares.
El portavoz de PSIB-PSOE, Iago Neguerela, ha pedido a la presidenta que «ponga fecha, día y a hora y no wasaps» para iniciar esta negociación y que, además de a la oposición, también «escuche» y convoque a los técnicos y a los científicos, que son los que realmente conocen esta problemática.
Prohens ha pedido «capacidad de ceder a unos y a otros» con el fin de llegar a un consenso final y ha defendido que la negociación debe ser «seria y discreta» y no responder, en ningún caso, a la intención de obtener rédito político de un asunto tan delicado como es la seguridad de los ciudadanos.
Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha preguntado varias veces a la presidenta «a quién beneficia» que se legalicen las casas rústicas ilegales construidas en zonas inundables y ha augurado que la futura ley de simplificación administrativa será «nepal contra el medioambiente».
A modo de resumen, todos los partidos están de acuerdo en que la futura ley debe prohibir cualquier tipo de construcción en zonas inundables, bien sean viviendas, como inicialmente proponía el PP, o servicios públicos como colegios o centros sanitarios, tal y como aprobó la izquierda en la pasada legislatura.
Legalizar las casas en zonas rústicas inundables, la principal diferencia
Ahora, la diferencia principal entre unos y otros está en que el PP quiere que se legalicen las casas situadas en zonas rústicas inundables una vez que ha prescrito el delito que en su día cometieron. Para ello deben pagar una multa y, a continuación, hacer las reformas necesarias para hacer frente a la llegada de lluvias.
Prohens ha defendido la necesidad de proteger a estos ciudadanos y sus viviendas y ha insistido en que, también en materia urbanística, los delitos prescriben, como es el caso.
En este contexto se ha preguntado si la vida de estas personas «se debe poner en riesgo» y si no tienen derecho a arreglar el techo o una pared de su casas. «No miraré para otro lado, protegeré a las personas», ha aseverado.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que el cambio de la política urbanística del PP se deba a los centenares de «muertos» que ha dejado la dana de Valencia.
Castells hubiera preferido que esta negociación hubiera tenido lugar antes de que el Govern aprobara este decreto ley o durante la tramitación como ley del mismo, pero no en el último momento y para rectificar un error del propio Ejecutivo tras observar las consecuencias de la catástrofe vivida en Valencia.
Finalmente, la presidenta ha vuelvo a insistir en el diálogo: «No será por este Govern que no se llegue a un acuerdo».
La única discrepancia que hay es la propiedad de los terrenos afectados por la prohibición, si son amiguetes de uno u otro partido.