El pleno del Parlament aprobará el próximo martes el proyecto de modificación de la Ley del Juego y las Apuestas planteado por el Govern, que limita la actividad de este sector en las islas con restricciones como la prohibición de la publicidad. La votación del proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Economía de la cámara autonómica será el último punto del orden del día del pleno del 21 de marzo, en el que también se ratificará, previsiblemente, el decreto ley con medidas urgentes de transporte discrecional de viajeros aprobado por el ejecutivo el 6 de marzo.
Según explicó el vicepresidente, Juan Pedro Yllanes, cuando el último Consell de Govern de 2022 ratificó su propuesta de nueva Ley del Juego, la norma contempla la prohibición de toda la publicidad de actividades de juegos de azar y apuestas en el territorio balear. El objetivo de los cambios legales, que incrementan también las restricciones en la apertura de salones de juego y apuestas y el control del acceso a las máquinas tragaperras, es proteger a las personas vulnerables frente a la ludopatía, aseguró Yllanes.
Baleares, con 108 casinos, bingos, salas de juego y locales de apuestas por cada millón de habitantes, es la tercera región con mayor número relativo de este tipo de establecimientos y el objetivo de la ley es reducirlos para acercarse a la media estatal de 68 salas por millón.
Con la nueva ley, se amplían los establecimientos respecto a los que hay que alejar las salas de juego, que son los centros escolares y otros espacios de uso habitual de menores y de personas con problemas de adicción, y también se incrementa la distancia mínima entre locales de juego, a 500 metros en Palma y 250 en otros núcleos de población, ha explicado el vicepresidente.
En el pleno del martes el PP planteará dos mociones sobre la transferencia de Costas y la política de transporte y una interpelación en materia de salud.
En las preguntas de control al Govern, la presidenta, Francina Armengol, responderá a cuestiones sobre las medidas para frenar la inflación, los complementos de insularidad para los funcionarios estatales y la nueva ley educativa, entre otras.
EFE
