EFE/ El Parlament balear ha validado el decreto de turismo que, entre otras medidas, obliga al sector a tener planes de circularidad y a dotar los hoteles de camas elevables, y que fija una moratoria de plazas turísticas durante 4 años, «poniendo el foco en la calidad desde todos los prismas: laboral, turístico y medioambiental», ha dicho el conseller de Turismo, Iago Negueruela.
El pleno ha validado el decreto con 31 votos a favor del Pacte, MÉS per Menorca y el diputado de Formentera, y 25 en contra de PP, Cs, Vox y el Pi. Han acordado por unanimidad que se tramitará como proyecto de ley.
Negueruela ha dicho que quienes votan contra el decreto «se oponen a un modelo de calidad y la mejora social en las islas», en una intervención que ha iniciado agradeciendo la colaboración de instituciones, patronales, sindicatos y entidades sectoriales en los meses de trabajo en la reforma legislativa.
Sin consenso con las Pitiusas
La ley, y sobre todo las formas en las que se hizo pública, en Ibiza y sin previo consenso en algunos aspectos clave, desató críticas por parte del Consell de Eivissa y de la parte de Gent per Formentera del gobierno del Consell de Formentera. La vicepresidenta y consellera insular de Turismo de la pitiusa menor, Alejandra Ferrer, expresó en su momento que esta norma se tendría que haber trabajado con las administraciones insulares, que conocen mejor la realidad de cada isla y son las que deberán aplicar la ley. Sin embargo, finalmente saldrá adelante gracias a los votos de las formaciones progresistas en el Parlament.
El conseller socialista Negueruela, que también ejerce como portavoz del Govern, ha dicho que el decreto sienta las bases para un nuevo modelo económico en las islas, «va al fondo de los principales ejes del turismo y de los problemas detectados por los agentes sociales».
Aborda el turismo desde los ejes económico, social y medioambiental y «tiene que incluir también de forma obligatoria el debate territorial, en unas islas frágiles que tienen que proteger su principal valor», ha defendido sobre la medida más polémica, la moratoria de plazas turísticas, que hace que no puedan comercializarse ni de alojamiento ni de alquiler en 4 años.
«El modelo no tiene que basarse en la intensidad y en crecer en plazas», ha dicho Negueruela, que ha asegurado que el Govern ha bloqueado la comercialización de 18.718 plazas y apuesta «por ser mucho más rentable» e invertir en las 443.705 plazas existentes.
El conseller ha explicado que el decreto incorpora la perspectiva laboral, medioambiental y territorial y lo hace «poniendo el foco en la calidad desde todos los prismas: del trabajo, turístico y medioambiental». «No tenemos que basarnos en la intensidad», ha insistido.
La norma tiene cuatro objetivos: sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental y territorial, y simplificación y modernización administrativa; y por primera vez integra a los trabajadores. «Solo por eso merece la pena estar ahí», ha defendido.
Un cambio para las ‘kellys’
Sobre la obligación de sustituir las camas convencionales por elevables, ha justificado que beneficia a las camareras de piso «que tantas lesiones han padecido a lo largo de su vida laboral».
Ha admitido que sustituir las camas y medir las cargas de trabajo «no es revolucionario, pero es dignificar y es lo propio de una industria que se quiera calificar como tal y cuyo valor añadido se basa también en la calidad que dé a los trabajadores del sector».
El conseller ha explicado que el decreto extiende medidas que ya aplica parte del sector y persigue «homogeneizar y establecer un estándar en circularidad», con la sustitución de las calderas de fueloil por energías renovables, gestión del agua, mejora de la eficiencia de las edificaciones y gestión de los residuos.
Críticas en la oposición
La diputada popular Salomé Cabrera ha descrito el decreto del Govern como «una gran decepción por las formas y por el fondo, por el engaño y la manipulación, la imposición, la falta de consenso, la deslealtad, el intervencionismo y la invasión de competencias».
Ha añadido que también es una gran decepción «por las expectativas de que la comunidad contara con una buena herramienta jurídica que ayudara a abordar los restos del turismo postpandemia y una pérdida de oportunidad ante la llegada de fondos europeos para una verdadera transformación».
Cabrera ha dicho que el PP se opone al «decrecimiento impuesto», no al crecimiento sostenible que defiende la Unión Europea. «Se carga lo más importante de la economía y lo que nos da de comer», ha criticado. La diputada ha llamado la atención sobre el hecho de que de las más de 440.000 plazas turísticas existentes, 100.000 se han creado en los 7 años de gobierno del Pacte.
En particular ha criticado que obligue a los consells a revisar sus PTI (Plan Territorial Insular) y PIATT (Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos) para limitar las plazas y ha reprochado al Govern que «no les no ha escuchado y no sabe en qué situación los deja». Ha reprochado a Negueruela que ni siquiera tiene el acuerdo de sus socios del Govern, que ya han anunciado enmiendas.
La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha acusado de demagogia al conseller de Turismo, porque de 77 páginas de decreto «un solo artículo habla de sostenibilidad laboral» y Baleares está en la posición 235 entre las regiones en el ámbito de mano de obra cualificada y 127 en el pilar tecnológico.
Según Guasp, Negueruela no puede hablar de consenso cuando se olvida de las especificidades de Menorca, Ibiza y Formentera. La coordinadora de Cs rechaza «un decretazo con un marcado sesgo ideológico y poniendo el foco en los de siempre» y se opone «al decrecimiento turístico vía prohibición».
«No a las imposiciones intervencionistas que atentan contra la libertad de empresa y no a un régimen sancionador desproporcionado, que solo señala al hotelero y al propietario de un alquiler», ha dicho Guasp, que ha dicho que sí respalda las sostenibilidad como palanca de crecimiento, las medidas laborales y requisitos de eficiencia energética, consumo de producto local y la economía circular para mejorar la competitividad.
La portavoz de Cs ha abogado por la «dosificación del crecimiento turístico, sin limitar ni suspender, como determinan los planes insulares». Ha criticado que el decreto omite la lucha contra la oferta ilegal y el intrusismo.
La diputada de Podemos Antonia Martín ha dicho que el decreto es «un paso decidido» contra la llamada «balearización», pero «insuficiente» y ha abogado por avanzar en su tramitación poniendo límite a los «beach club» de Ibiza y mejorando el acceso a la vivienda del personal turístico en Menorca.
«Ponemos freno a la forma de legislar el turismo del PP, que solo contemplaba el urbanismo», ha defendido Martín, que entre las medidas ha destacado los planes de circularidad y la obligatoriedad de sustituir las calderas de fueloil de los hoteles antes de 2026, que reducirá las emisiones en 57 toneladas de CO2 anuales.
