EFE / El pleno del Parlament ha ratificado este martes el decreto del Govern que suprime el requisito del catalán para los profesionales sanitarios con el fin de captar más personal y que amplía la extensión de la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.
El decreto ha contado con los 31 votos a favor del PP y de Vox y en 24 en contra de la oposición y ha sido defendido ante la cámara por la consellera de Salud, Manuela García.
García ha explicado que el decreto sostiene a las escoletas de la red pública y de la privada, que era «una demanda social que no tenía visos de arreglarse». Implica que el Govern financia cuatro horas de gratuidad diaria de educación infantil por niño durante 10 meses al año.
Ha detallado que afecta a 11.259 plazas de educación de 0 a 3 años aunque la conselleria de Educación y Universidades trabaja en ampliar la cifra atendiendo a los centros que han solicitado la reconversión para pasar de ser asistenciales (guarderías) a educativos (escoletes). Con el decreto se suspende el cobro de las cuotas de los alumnos de las red pública de educación infantil y se devuelve lo abonado por los de la red complementaria.
En cuanto a las medidas del decreto para captar y fidelizar a profesionales sanitarios, que elimina el requisito lingüístico del catalán para captar profesionales, la consellera ha explicado que responde a la situación particular de Baleares de envejecimiento poblacional, elevada población flotante, déficit de sanitarios y la existencia de plazas de difícil cobertura.
Los últimos datos del Ministerio de Sanidad indican que Baleares es la última comunidad en ratio de especialistas en varias especialidades, entre las que ha destacado la medicina comunitaria y de familia con 58,1 facultativos por 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 87,4 por 100.000.
La consellera ha destacado que Baleares es la última en otras cuatro especialidades médicas. Ha dicho que si bien las islas superan la media nacional en los especialistas de oncología, en Ibiza, de los 5 de plantilla solo ejerce uno, en «un caso evidente de desierto médico y de muy difícil cobertura».
García ha dicho que la norma también busca hacer frente a las elevadas listas de espera sanitarias, que en julio tenían a 87.357 pacientes esperando. Ha detallado que había 74.190 a la espera de consultas externas, un 12,7 % más que hace un año, con una demora media de 65 días y más del 40 % que esperan más de 60 días. En la lista de espera quirúrgica hay 14.167 pacientes, con una demora media de 126 días, casi 3 más que el año pasado.
El decreto también regula las plazas de difícil cobertura, las de Menorca, Ibiza y Formentera, estableciendo complementos retributivos específicos de entre 4.800 y 6.600 euros anuales y valora los años en plazas de difícil cobertura para acceder a los procesos de oposición y para investigación.
La oposición ha coincidido en criticar que no hay datos de los profesionales sanitarios que se hayan marchado por el catalán o que no hayan venido a las islas por este motivo.
La diputada socialista Amanda Fernández ha criticado que el decreto mezcla «ous amb caragols» al ampliar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y al mismo tiempo «atacar la lengua propia» con una medida que augura que «empeorará la atención sanitaria». Ha dicho que si la votación fuera por separado, apoyarían la medida relativa a la educación.
La diputada Maria Ramon, de Més per Mallorca, ha coincidido en que la atención será peor sin una capacitación lingüística adecuada y ha cuestionado por qué al PP le molesta que los catalanoparlantes sean atendidos en su lengua.
Josep Castells, de Més per Menorca, ha acusado al PP de esconder la supresión del catalán como requisito en el decreto que aborda también la educación infantil; y Cristina Gómez, de Podemos, ha afirmado que hacen «trampas».
