La villa anteriormente conocida como Villa Secret Paradise, ubicada en la calle del Pou de Can Burgos, en Sant Jordi (Sant Josep), sigue comercializándose como alojamiento turístico en la plataforma VRBO, entre otras, pese a que el Consell Insular d’Eivissa le retiró la licencia ETV hace casi un año, en julio de 2025.
A un precio de entre 1.754 y 3.056 euros la noche en temporada alta, la villa ilegal sigue trabajando como alojamiento turístico impunemente.
Estos hechos han sido denunciados de nuevo y formalmente ante el Consell de Ibiza este pasado mes de abril de 2026: seis años de actividad ilegal y molestias que, según los afectados, se han mantenido pese a la revocación de la licencia.
La vivienda aparece anunciada en VRBO bajo el nombre Bohemian Bali Style Villa y en otras plataformas y webs especializadas como www.5starshome.es y www.tombenzon.com, incluyendo en los anuncios un número de registro turístico —el ETV/2614— que ya no está vigente o que no corresponde al inmueble en su situación registral actual.
La consulta al Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos confirma que la finca no consta inscrita ni habilitada para la actividad turística.
Lo que sí se mantiene es la oferta: la villa se publicita para hasta 12 o 14 personas, cuando su licencia original contemplaba un máximo de ocho plazas. Ese desfase entre la capacidad legal y la real es uno de los incumplimientos más graves que documentaron los vecinos durante los años en que la vivienda sí operaba con licencia, y que contribuyó, según fuentes consultadas, a que el Consell acordase su cancelación.
A las irregularidades registrales se suman las molestias que los residentes de la zona llevan soportando desde 2020: fiestas con música a todo volumen, despedidas de soltero, altercados, clientes que invaden propiedades contiguas, restos de estupefacientes en la vía pública y actuaciones repetidas de la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil.
Esta misma semana los vecinos han tenido de nuevo que soportar fiestas con música a todo volumen, como muestra este vídeo cedido a Noudiari.es. La fiesta solo terminó cuando los vecinos se pusieron a gritar que parasen.
La denuncia presentada ante el Consell en abril recoge también la presencia continuada de personal de limpieza y mantenimiento externo, así como de vehículos VTC y taxis esperando huéspedes a la puerta, lo que evidencia que la actividad no ha cesado.
En la denuncia se reclama el cese inmediato de la actividad, la imposición de las sanciones correspondientes y la retirada de los anuncios en un plazo máximo de 48 horas —tal como prevé la normativa—.
La denuncia aporta pruebas como la registral, capturas actualizadas de los anuncios, fotografías, comprobantes de reserva y testimonios vecinales.
La base legal de la denuncia remite a la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears y al Real Decreto 1312/2024, que obliga a que cualquier vivienda de alquiler de corta duración cuente con número identificativo registrado ante el Registro de la Propiedad para poder comercializarse legalmente. Sin ese número, la oferta en cualquier plataforma es ilegal.
No es la primera vez que el Consell tiene constancia del caso. Constan diligencias previas abiertas en 2021 (DP-076/2021) y 2022 (DP-069/2022), además de las comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento de Sant Josep.
Los vecinos aseguran que no tuvieron noticia de cómo concluyeron aquellos expedientes y que la situación, lejos de resolverse, se ha prolongado hasta hoy. «Solo queremos poder vivir en nuestras casas», repiten quienes llevan seis años conviviendo con una actividad que, al menos sobre el papel, ya no debería existir.
«La casa se ha seguido comercializando en todo momento, lo único que cambió es que la sacaron de la plataforma Booking», remarcan.
Vecinos afectados han hecho una publicación en redes sociales etiquetando al Consell de Ibiza, al Ayuntamiento de Sant Josep y a la Asociaciín de Viviendas Turísticas Vacacionales denunciando esta situación.
«No sé como no se les cae la cara de vergüenza. Aún habiendo sido denunciado por todas las vías. Incumpliendo normativas de ruido, de actividad, de ecotasa, de control de viajeros… permiten que se siga alquilando ilegalmente, molestando e impidiendo vivir en nuestras casas», critican.
«Parece ser que en esta isla la ley (intrusismo, actividad, turísticas, de ruido y convivencia) solo es para algunos y mientras al resto «que les den». ¿Les gustaría que les despertaran a cualquier hora de la noche a gritos?, ¿les gustaría encontrarse al camello de turno en la puerta de su casa?. Seguramente no. Pues ni yo, ni mi familia, ni mis vecinos lo queremos tampoco. Nos merecemos un respeto y exigimos (que no entiendo porque debo de exigir una cosa tan coherente y que contempla la constitución) vivir en nuestras propias casas. ¡¡Esto es un infierno!!», concluyen.
Huele a enchufe. Parece ser que el dueño de la vivienda tiene «poderes mágicos» o esparce muy bien los polvitos poderosos en el Consell y en el Ayuntamiento.
Es una vergüenza que los vecinos que pagan sus impuestos y hacen las cosas bien tengan que aguantar a gente que actúa con total impunidad. Los dueños de la casa no han sido multados y esta sigue funcionando con total impunidad. Los que alquilan estas casas también habría que multarlos, que te alojes en una casa no quiere decir que puedas hacer lo que les dé la gana, conviven con más gente y tienen que respetar el entorno donde están.
Habrá que poner una denuncia en la UCO son muy efectivos en descubrir mordidas. No se comprende porqué esa vivienda ejerce una actividad que no puede después de tantas denuncias, ya está bien hombre, estamos hartos de tanta hipocresía de la Administración, tan efectivos en perseguir determinadas infracciones y las que afectan gravemente a la convivencia se obvian. A ver que excusa se inventan ahora para justificar su inactividad.