El Partido Popular de Ibiza reclama que el protocolo firmado hace tres años para la construcción de viviendas en el solar de la comisaría de policía «se eleve, de una vez, a la categoría de convenio con el fin de dar cobertura a los funcionarios destinados en la isla y, al tiempo, dotar de vivienda pública a precios asequibles a las familias que más lo necesitan».
El diputado en el Congreso Miquel Jerez ha advertido: “al protocolo firmado en febrero del año 2019 le queda tan solo un año de vigencia y, de no materializarse en este periodo, su firma habrá sido una gran mentira”.
También ha asegurado que “la escasez de personal al servicio de la administración está directamente relacionada con la escasez de vivienda a precios asequibles. Una problemática que también se está trasladando al sector privado, donde cada vez resulta más complejo completar las plantillas”.
“En febrero de 2019 se firmó un protocolo para construir 120 viviendas. El Ministerio del Interior debía aportar la parcela y el Govern construir las viviendas. Han pasado tres años y no se han puesto de acuerdo sobre cómo lo van a ejecutar, ni cómo se lo van a repartir, ni qué precio tendrán, ni cuántas van destinadas a funcionarios y cuántas a vivienda social. Tres años más perdidos. Tres años de retroceso en materia de vivienda pública en Ibiza”, denuncia Jerez.
De la misma manera, Jerez ha advertido: “al protocolo solo le queda un año de vigencia y los presupuestos de la comunidad autónoma no contemplan ninguna disposición económica para ejecutar la obra. Todo apunta a que, entre los dos gobiernos socialistas, van a dejar caducar el acuerdo. Lo van a enterrar. Si así sucede, la foto que se hicieron hace tres años firmando aquel acuerdo se convertirá en una gran mentira más”.
“Si el Govern es incapaz de resolver el lío en el que se ha metido, lo mejor es que sea el Ministerio del Interior quien acabe ejecutando la obra en la parcela de su propiedad para destinarla a funcionarios públicos, para que se queden y no se marchen, que buena falta nos hacen”, ha señalado Jerez.
“Los funcionarios públicos que llegan tienen dificultades para asumir con su salario el coste de vida. Además, no tiene reconocido un incremento salarial por razón del destino. Muchos deciden no venir y otros optan por marcharse. Esta inestabilidad en las plantillas produce un déficit enorme en el servicio, les obliga a cubrir vacantes y además provoca una sobrecarga de trabajo inasumible”, relata.
Por su parte, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, ha apuntado que “la participación del Consell en este acuerdo depende de cómo se resuelva la negociación entre el Ministerio y el Govern. Cuando nos presenten el proyecto y pongan precio a las viviendas, ya estaremos en condiciones de abordar la firma de un convenio. Mientras esto no suceda, los funcionarios destinados no tendrán viviendas y familias con necesidades habitacionales tampoco. Así están las cosas”.
Por último, Juan ha manifestado: “si el Govern decide desentenderse de la firma del convenio, habrá incumplido con la palabra dada por cuatro responsables socialistas que en su día firmaron el protocolo. Su obligación consiste en negociar hasta el final con el Ministerio. No vamos a tener otra oportunidad como esta. Olvidarse de lo firmado no es una opción”.
El Partido Popular ha anunciado iniciativas en el Consell, Ayuntamiento de Vila, Parlament, Congreso de los Diputados y Senado dirigidas a mantener en vigor el protocolo firmado con el fin de darle cumplimiento.
