El PSOE ha salido al paso este miércoles de la polémica generada en torno a la adjudicación de las 532 viviendas protegidas que se construirán en Ca n’Escandell, después de que el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, y el Consell d’Alcaldes reclamaran la semana pasada al Gobierno central que los residentes de la isla tuvieran preferencia en el acceso a estos pisos tras las palabras de la ministra diciendo que estarían abiertas a personas no isleñas que vienen a trabajar y no encuentran piso.
Según explican los socialistas, el propio convenio de cesión de los terrenos municipales —firmado en 2010 por la entonces alcaldesa Lurdes Costa y ampliado en 2019 por Rafa Ruiz, ambos del PSOE— ya condicionaba la operación a que la totalidad del suelo se destinara a vivienda protegida en beneficio del municipio de Eivissa. Esa protección oficial implica, recuerda el partido, que la adjudicación quedará sujeta a la normativa balear de vivienda y no solo a las condiciones generales de CASA 47, la entidad pública estatal que impulsa la promoción.
En este punto, el PSOE subraya que la Ley balear de vivienda exige acreditar un mínimo de residencia en las Illes Balears para acceder a promociones públicas protegidas, con preferencia añadida para quienes residan en el propio municipio. La diferencia está en los plazos. Mientras Triguero reclamó que se exigieran diez años de residencia en Eivissa, el PSOE sostiene que la ley balear fija ese mínimo en cinco años, no en diez, y que cualquier exigencia mayor tendría que aplicarla directamente el propio Ayuntamiento en sus propias promociones si así lo decide.
Con este argumento, los socialistas califican de «falsa polémica» la controversia surgida tras la visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la semana pasada, y atribuyen el malentendido a un desconocimiento por parte de Triguero de la situación jurídica de las parcelas.
Dicen que la ministra se limitó a explicar el reglamento general de CASA 47 —que solo exige residencia legal en España—, sin que ello contradiga que, llegado el momento de la adjudicación, se aplicarán los requisitos autonómicos de residencia y prioridad municipal ya previstos en la ley.
El PSOE aprovecha además su comunicado para reprochar al PP su gestión en materia de vivienda en la isla, citando la negativa de la presidenta Marga Prohens a declarar Eivissa zona tensionada, los escasos resultados del programa «Lloguer Segur» y la polémica por los Habitatges de Preu Limitat, uno de los cuales habría beneficiado al propio Triguero.
