El PSOE ha denunciado que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha destinado 834.000 euros a la empresas propiedad del primer teniente de alcalde del Partido Popular y concejal de Hacienda y Promoción Económica, Miguel Tur Rubio.

El municipal socialista ha señalado que estas “gravísimas irregularidades” se han realizado a través de un contrato de arrendamiento de un local por 500.000 euros y la posterior reforma integral del mismo por 334.000 euros más, han indicado en un comunicado.

Desde el PSOE han asegurado que el edil, al ser propietario del 17,35% de la empresa Tur Rubio SL “tenía “prohibición absoluta” de contratar con el Ayuntamiento. Por ello, han anunciado el registro de un escrito al Consistorio para solicitar que inicie la revisión de oficio «por nulidad de pleno derecho» del contrato, la declaración de incompatibilidad del teniente de alcalde y su renuncia al acta de regidor.

El portavoz del PSOE en Santa Eulària, Alan Ripoll ha comparecido este miércoles acompañado del resto de regidores y regidoras del grupo y ha criticado estas “irregularidades” son una muestra más de la “forma clientelar de funcionar” del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària “en beneficio de unos cuántos, los suyos, y en detrimento de los intereses de la mayoría”.

En la cronología del los hechos, los socialistas han detallado que en marzo del 2020, el Ayuntamiento inició un proceso para alquilar un local destinado al Departamento de Bienestar Social mediante un concurso público y que el 21 de septiembre de ese año, se adjudicó el contrato a la empresa del concejal, “la única oferta que se presentó”.

El valor del contrato de arrendamiento firmado fue de 499.590 euros y, posteriormente, se ha invertido 333.815 euros en la reforma integral del local, “una mejoras que quedarán, obviamente, en beneficio de esta empresa al finalizar el contrato de arrendamiento”.

Los socialistas presentaron en su momento una denuncia ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, que a su memoria de 2023, “concluyó que el regidor en cuestión tenía un conflicto de interés al influir en el proceso de contratación para beneficiar su empresa familiar”, señalan desde el PSOE.

En esta línea, recuerdan que la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establecen la incompatibilidad de un regidor para ser contratista del Ayuntamiento “si es propietario de más del 10% de la empresa”.

“La ley es clara y contundente. Y a partir de aquí, cometidas estas graves irregularidades, se tienen que tomar medidas que exigiremos en el Ayuntamiento”, ha afirmado Ripoll, que ha criticado que la alcaldesa Carmen Ferrer y la Junta de Gobierno del Partido Popular “estaban al corriente de esta situación, pero en ningún momento han informado al pleno ni han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes”.

Por su parte, el equipo de gobierno ha lamentado que «un asunto de 2020 y cerrado por la Oficina Anticorrupción el año pasado quiera ser aprovechado con fines partidistas por el PSOE». También han recordado que tanto los socialistas como Unides Podem tuvieron el poder de «vetar el alquiler de dicho local» y no lo hicieron, como tampoco alegaron o ejercieron «ninguna acción en contra de ese contrato y de la posterior reforma necesaria para su uso en condiciones adecuadas».

El Consistorio ha añadido que Anticorrupción no denunció el contrato a Fiscalía ni obligó a resolverlo, y sólo estableció que se debía contar con un Plan de Medidas Antifraude, «que ya se tenía», y con la obligación de que la alcaldesa no forme parte de la Mesa de Contratación en aquellos acuerdos cuyo órgano de contratación es Alcaldía, «algo que ya hace tiempo que se viene cumpliendo».

Entre otras cuestiones, han defendido que la «transparencia ha sido total y absoluta en este procedimiento» empezando por haber hecho una licitación para una contratación que, según la normativa, «se podría haber hecho de forma directa».

El equipo de gobierno también ha recordado que desde Servicios Sociales se analizaron 12 locales que estaban en alquiler, y se estimó que ese era el más adecuado, pero que aun así se realizó un procedimiento abierto para que cualquiera pudiera presentarse», pero no hubo ninguna otra propuesta.