La Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera han expresado hoy su satisfacción por que el pleno del Senado aprobara el martes la toma en consideración de la Proposición de Ley (PDL) impulsada por el Grupo Parlamentario Popular para modificar la Ley de Costas con el fin de evitar la destrucción de «conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre».
«Se trata de proteger conjuntos urbanos que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio marítimo terrestre, que estén integrados en ese entorno paisajístico costero y que dispongan de valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados», han explicado en un comunicado de prensa.
La proposición salió adelante con el voto a favor de 153 senadores, el voto en contra de 96 y la abstención de diez, han detallado.
«Desde la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera hemos apoyado esta propuesta que consideramos necesaria para proteger núcleos urbanos que tenga valor, bien etnológico, económico, etcétera, como primer paso para trabajar en la redacción de una nueva Ley de Costas», ha indicado la presidenta de la asociación, Aixa Torres.
Según Torres, se trata «del primer paso en la dirección correcta» para conseguir que «se modifiquen los criterios del último reglamento aprobado por el Gobierno, que apuesta por la prohibición y restricción de derechos, frente a un modelo que debe respetar las diferentes singularidades de la costa española, en especial lo que afecta a nuestras islas y a nuestro modelo económico basado en el turismo, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad que propugna el marco europeo».
La presidenta del colectivo ha matizado que queda mucho trabajo por hacer, pero que desde todas las asociaciones españolas de afectados se está trabajando junto a los gobiernos autonómicos «para lograr que se redacte una nueva Ley de Costas, tanto autonómica como nacional».
«Se trata de lograr que esta nueva norma, redactada con el consenso y la participación de todos los afectados, sirva para preservar nuestro patrimonio territorial de forma sostenible y proteja los derechos de los ciudadanos, evitando la indefensión jurídica a la que estamos sometidos con la ley actual, como ya advirtió el Parlamento Europeo al Gobierno de España», ha concluido.
