@Noudiari / La intención del Govern de Francina Armengol de que el catalán sea un requisito en la próxima convocatoria de oposiciones para la sanidad pública en Balears ha generado mucha polémica durante los últimos meses. Sin embargo, la integración de las dos lenguas oficiales en el territorio sin generar agravios ha sido un auténtico quebradero de cabeza las últimas décadas. Lo ha sido tanto que Estados Unidos ya mostró su preocupación por el conflicto que se generó el año 2009, cuando advirtió en una carta a Madrid de los movimientos contra la Ley de la Función Pública que se promovía entonces.
Así lo reveló Wikileaks y lo explicó Noudiari en su primer artículo publicado el 1 de diciembre de 2012. Entonces, la Secretaría de Estado dirigida por Hillary Clinton mandó una misiva al ministerio de Asuntos Exteriores titulada ‘Controversia en España por las lenguas oficiales‘. El informe, fechado el 20 de agosto de 2009, advierte a Washington de los movimientos contra la ley que garantizaba que los usuarios de los servicios públicos en la comunidad autónoma balear pudieran ser atendidos en su lengua.
El texto cita literalmente la supuesta amenaza de un grupo de facultativos del hospital Can Misses: «El pasado mes de abril, 30 médicos del único hospital de Ibiza, en las Islas Baleares, anunciaron su intención de abandonar la isla después de que la comunidad autónoma decretara que los doctores debían pasar un examen para probar su dominio del catalán. Unas 2.500 personas se manifestaron contra la exigencia de la lengua catalana a los médicos”. A partir de allí, el informe pasa a relatar la polémica de las sanciones impuestas por la Generalitat catalana a los comercios que no cumplen la normativa impuesta en esa comunidad.
Error en la interpretación de los datos
Sin embargo, Estados Unidos se equivocó en su interpretación. No en vano, la manifestación en Can Misses en 2009 congregó a 200 trabajadores sanitarios y no a 2.500. La confusión parece deberse a que, en las mismas fechas, hubo una manifestación en Palma contra este decreto del Govern, impulsada por el grupo mallorquín anticatalanista Círculo Balear.
La dirección de Can Misses aseguró entonces que ningún medico ni personal sanitario había amenazado ni había abandonado el hospital por motivos lingüísticos. Finalmente, con la entrada en vigor de la una nueva normativa del ejecutivo autonómico que presidía José Ramón Bauzá (Partido Popular), los facultativos se libraron de tener que probar sus conocimientos del catalán, que pasó a figurar como mérito y no como una exigencia.
