El pleno del Consell Insular de Formentera ha aprobado hoy instar a la Delegación del Gobierno central en Baleares a que se haga cargo de la retirada de las embarcaciones que llegan al litoral de la isla, ya que se trata de «su competencia», ha informado la institución insular en un comunicado de prensa.
La consellera de Movilidad y Gestión Ambiental, Verónica Castelló, ha explicado que, «la mayoría de veces», las embarcaciones que llegan a las costas de Formentera con inmigrantes irregulares quedan «abandonadas y encalladas en las playas o a la deriva en zonas de difícil acceso».
Además, ha añadido que como las administraciones responsables de su gestión no tienen medios materiales y humanos para su retirada se crea «un grave problema medioambiental por el vertido de hidrocarburos», al tiempo que se «deteriora la imagen de la isla porque permanecen abandonadas mucho tiempo».
Hasta ahora, Castelló ha señalado que «en un ejercicio de responsabilidad», se han ido retirando las embarcaciones y acumulándolas en el área de Gestión de Residuos de es Cap, asumiendo el Consell «un coste económico que no le corresponde». «A día de hoy hay más de 30 de estas embarcaciones a la espera de ser gestionadas como residuos de acuerdo con la normativa vigente», han detallado las citadas fuentes de la institución insular.
Ante esta situación, el pleno ha aprobado, «con el voto contrario de la oposición», la propuesta presentada por el equipo de Gobierno para instar a la Delegación del Gobierno a asumir «los costes reales de la retirada, el transporte y la gestión de los residuos de las embarcaciones llegadas a las costeas de la isla».
Además, el Consell insta a «consignar las partidas presupuestarias necesarias para tener los medios materiales y personales necesarios para la retirada inmediata de las barcas en el momento de su llegada y antes de que se rompan en el litoral», además de considerar necesario «que se establezca un diálogo entre las administraciones implicadas para coordinar la retirada y gestión» e incluso «firmar un acuerdo o convenio» para que la institución insular esté autorizada y tenga medios para seguir desarrollando esta tarea, así como que sea remunerada por ello.
En esta línea, el pleno también ha acordado instar al Gobierno central y a la Unión Europea a que considere Formentera como «territorio de primera línea de frontera de la Unión» y, por lo tanto, que «esté dotada de los medios técnicos y personales necesarios para evitar la consolidación de la ruta de entrada irregular de inmigrantes», y a que se garantice el funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Vigilancia y la correcta dotación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.
Por último, también insta a que las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «estén completas y cuenten con formación específica, medios de prevención y complementos salariales de insularidad adecuados al coste de la vida» en Baleares.
Transporte público y otros asuntos
Por otra parte, el equipo de Gobierno del Consell ha informado del acuerdo de la Junta de Gobierno por el cual se modifica la bonificación del trasnporte regular de viajeros en autobús, que elimina la bonificación a los no residentes a partir del 1 de septiembre, pero la mantiene para residentes, trabajadores de la isla, menores de 18 años y personas con discapacidad.
«El anterior equipo de Gobierno, con informes de los Servicios Técnicos y Jurídicos, aplicaron esta bonificación para todo el mundo en las líneas regulares, pero no en las turísticas», ha explicado Castelló, que ha añadido que este mes de agosto estos mismos servicios han alertado «que en su momento no se contempló el incremento de kilómetraje y que eso supone que a finales de septiembre quede agotada la partida económica reservada para cubrir» la bonificación.
Asimismo, el pleno del Consell ha dado luz verde a la aprobación inicial del reglamento interno de funcionamiento del consell de majors, que busca promover la participación de las personas mayores en las competencias de la institución insular; se han acordado los festivos de la isla para 2024, que serán el 25 de julio y el 3 de diciembre; se ha aprobado por unanimidad una prórroga del Plan Estratégico de Subvenciones para 2023 y también se ha dado el visto bueno, con la abstención de la oposición, a la propuesta de nombramiento de representantes del Consell en órganos propios y en otras administraciones públicas.
