Los Consells Insulares de Ibiza y Formentera han alzado la voz este viernes para expresar su rechazo frontal al planteamiento del Ministerio de Juventud e Infancia, que ha condicionado la transferencia de los fondos acordados para la atención a los menores migrantes no acompañados a la aceptación de un sistema de reparto impuesto, sin consenso, planificación ni recursos suficientes.
Tanto la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad de Ibiza, Carolina Escandell, como su homóloga de Formentera, Cristina Costa, han denunciado lo que consideran un «chantaje institucional inaceptable», exigiendo la transferencia inmediata de los fondos comprometidos, sin condiciones ni exclusiones arbitrarias.
Desde el Consell d’Eivissa, Escandell ha advertido que la isla registra una ocupación del 231,25 % de las plazas específicas para menores migrantes, una situación que ha calificado de “insostenible”. Según ha detallado, solo en lo que va de año, las plazas se han multiplicado por cuatro, y se continúa trabajando para habilitar más espacios ante la previsión de un aumento exponencial.
“Es intolerable que el Gobierno de España utilice a los niños como moneda de cambio política, y que se pretenda derivar menores a unas islas cuyos servicios ya están desbordados”, ha afirmado Escandell.
Ibiza exige criterios claros y compartidos en el reparto territorial, así como la inclusión de todas las comunidades autónomas en cualquier medida que implique un esfuerzo colectivo. En este sentido, ha criticado que territorios como el País Vasco o Cataluña queden fuera del reparto sin explicación, mientras Baleares sufre una presión constante agravada por su situación geográfica.
Formentera: fragilidad estructural y falta de transparencia
Por su parte, la consellera Cristina Costa ha reiterado que Formentera no aceptará traslados impuestos ni recortes en los recursos acordados, y ha advertido de la fragilidad estructural del sistema insular de protección.
“Nuestro compromiso con la infancia es firme, pero los derechos de los menores no pueden convertirse en moneda de cambio en una pugna política”, ha señalado Costa.
“Hablar de infancia exige planificación, coordinación y recursos estables, no imposiciones unilaterales ni amenazas presupuestarias.”
Costa también ha denunciado la falta de transparencia del Ejecutivo central en la definición de los criterios de reparto y en la gestión de los traslados:
“No se han explicado ni los criterios ni cómo se articulará el sistema. Se trata de menores, no de cifras en una negociación política.”
Petición conjunta de una respuesta estatal a la altura
Ambas instituciones insulares coinciden en que la atención a los menores migrantes no acompañados requiere financiación suficiente, coordinación entre administraciones y respeto institucional. Además, hacen un llamamiento al delegado del Gobierno en Illes Balears para que traslade con contundencia al Ministerio la situación de saturación y vulnerabilidad que afecta a las Pitiusas.
“La falta de medios compromete gravemente la calidad y la continuidad de la atención a uno de los colectivos más vulnerables”, subrayan ambas conselleres.
Los Consells de Ibiza y Formentera insisten en que no aceptarán presiones ni recortes, y exigen que el Gobierno central actúe con responsabilidad ante una crisis humanitaria que no puede gestionarse desde la improvisación ni el castigo institucional.
