El candidato de Ibiza al Senado, Juanjo Ferrer, ha criticado al Partido Popular por votar en contra del denominado decreto Maricarmen, una normativa de vivienda que contempla la prórroga automática de determinados contratos de alquiler durante dos años, limita al 2 % la actualización de las rentas y establece medidas de protección para pequeños propietarios ante posibles impagos.
Ferrer ha valorado positivamente la aprobación del decreto este jueves y ha lamentado la posición del diputado ibicenco del PP, José Vicente Marí Bosó, durante el debate en la Diputación Permanente. Según el candidato progresista, el parlamentario popular defendió votar en contra de que «miles de familias puedan renovar automáticamente su contrato de alquiler por dos años, con una subida de solo el 2 %».
El aspirante al Senado ha subrayado también que la normativa incluye garantías para los propietarios, ya que, según ha explicado, la Administración pública asumirá las rentas que se dejen de ingresar cuando se suspenda un desahucio. Según las estimaciones citadas por Ferrer, las medidas beneficiarán a unos 6.000 inquilinos en Ibiza. El candidato ha acusado al PP de dar la espalda a este colectivo y ha afirmado que el partido «nunca defiende el interés general, sino solo sus intereses particulares, los de las grandes corporaciones y los fondos buitre».
Ferrer ha insistido en que el acceso a la vivienda debe ocupar un lugar central en el debate institucional y ha reclamado a las formaciones políticas que «escuchen la voz de la calle». En este sentido, ha recordado la movilización celebrada recientemente en Ibiza durante la huelga general, en la que miles de personas salieron a la calle para reclamar un techo digno y asequible.
«Esta campaña va de vivienda, vivienda y vivienda», ha señalado el candidato.
Por otra parte, la candidatura progresista de Eivissa al Senado se ha comprometido a impulsar un paquete de medidas para abordar la situación residencial de la isla, con especial atención a Santa Eulària, municipio que, según la formación, registra algunos de los precios más elevados del Estado.
Entre las propuestas planteadas figuran limitar la compra de inmuebles a personas no residentes, declarar urgentemente Ibiza como zona de mercado residencial tensionado para establecer límites a los alquileres, fomentar la vivienda protegida en régimen de arrendamiento y regular los contratos de temporada para evitar posibles usos fraudulentos.
La candidatura también reclama al Ministerio de Defensa la cesión de las residencias militares Héroes de Filipinas, situadas en Vila y Sant Antoni, para destinarlas a uso social.
