EFE / La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza han trasladado este viernes su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad del Reglamento de Costas, tras estimar el recurso de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas de Formentera.
En un comunicado, desde la Cámara de Comercio han detallado que volver a la aplicación del reglamento del año 2014 se traduce en efectos «importantes para todos los afectados», no sólo en Formentera sino también en Ibiza y en todo el litoral español, según ha indicado la secretaria general de la entidad, Dolores Tur.
La nulidad implica la «vuelta atrás» en la interpretación en el cómputo de las prórrogas concesionales, y sobre todo, la aplicación de la diferenciación de los tipos dunares, «muy importante sobre todo en Formentera, para definir hasta donde alcanza el Dominio Público Terrestre».
Otras implicaciones tienen que ver también con «volver al criterio» de cómo entender la afectación de los temporales u oleajes para «definir el perfil de la costa y el alcance del demanio».
La Cámara de Comercio indica que la sentencia «tumba ahora» este reglamento que introducía una vía «arbitraria e injusta» en manos de la Administración a través de una «incorrecta aplicación» de la Ley de Cambio Climático para determinar las concesiones en dominio público.
Sin embargo, desde la entidad añaden que la sentencia «no entra a valorar» ninguna de las cuestiones de fondo que han planteado las partes y «se limita a declarar la nulidad por una cuestión formal». Esto significa que el Ministerio puede «volver a iniciar» los trámites para la aprobación de un nuevo reglamento sin modificar su contenido.
Los afectados de Ibiza insisten en seguir reivindicando los derechos delos concesionarios
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza (AALCE), Aixa Torres, ha indicado que la sentencia «al menos retrasa los efectos nocivos» que supone la aplicación del reglamento del año 2022.
«Pero, no cabe duda de que es ahora más que nunca el momento de continuar reivindicando los derechos de todos los concesionarios afectados», ha reclamado, a la vez que ha pedido una revisión de la Ley de Costas y de su reglamento, que contemple «de forma efectiva la realidad de nuestra costa y que sea respetuosa con nuestro modelo económico», ha dicho.
La Cámara de Comercio calcula que los empresarios afectados por la Ley de Costas iniciada en 2022 pueden suponer más de 1.500 empresas en Ibiza y Formentera. En las próximas semanas, la entidad organizará una jornada divulgativa para dar a conocer el alcance de la sentencia y la realidad a la que se enfrentan los empresarios afectados.
