Una cena en un restaurante japonés de Ibiza terminó con una amarga sorpresa para una clienta: un cargo de 12 euros por un gancho para colgar el bolso. Lo que parecía una simple atención del servicio se convirtió en un motivo de indignación y denuncia pública.
La usuaria, que compartió su experiencia en la red social X (antes Twitter), relató cómo una camarera del restaurante Wakame les ofreció amablemente colocar sus bolsos en unos pequeños ganchos que se sujetaban a la mesa. “Declinamos su oferta, pero ante su insistencia aceptamos”, explicó en su publicación. Al recibir la cuenta, encontraron el insólito concepto: «gancho bolsa – 12 €».
La denuncia de esta práctica no pasó desapercibida. Poco después, FACUA-Consumidores en Acción presentó una denuncia formal ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares, al considerar que el restaurante incurrió en una práctica abusiva y contraria a la normativa de protección al consumidor.
Ante la avalancha de críticas, el restaurante Wakame intentó justificar el cargo alegando que se trataba de un “depósito” para evitar que los clientes se llevaran el gancho por error. Según su versión, este artículo —que lleva el logotipo del restaurante— comenzó a cobrarse “tras numerosos descuidos” y, en teoría, se descontaría del total si se devolvía.
Sin embargo, FACUA no acepta esta explicación. La organización recuerda que cualquier servicio adicional debe ser claramente informado y consentido de forma expresa por el consumidor, algo que no ocurrió en este caso. Además, sostiene que la forma en que se ofreció el gancho —sin advertencia de su coste— puede inducir a error y resultar engañosa.
¿Qué dice la ley?
La denuncia se sustenta en varios artículos de la legislación nacional y autonómica en materia de consumo. En particular, el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007 reconoce como derecho básico del consumidor la protección frente a prácticas comerciales desleales. Además, el artículo 89 considera cláusulas abusivas los recargos por servicios accesorios no aceptados de forma expresa y clara.
Por su parte, la Ley 7/2014 de protección a los consumidores de Baleares también señala como infracción ofrecer servicios no solicitados o que se confundan con atenciones gratuitas sin que el consumidor tenga plena conciencia de su coste.
En este contexto, FACUA solicita a la administración autonómica que abra expediente sancionador al restaurante Wakame y que se investigue si esta práctica se ha aplicado de forma reiterada a otros clientes.
Un caso que va más allá de los 12 euros
Aunque el importe pueda parecer anecdótico, la organización advierte que este tipo de prácticas vulneran derechos fundamentales del consumidor y pueden sentar precedentes peligrosos si no se actúa. “No se trata del valor del gancho, sino del derecho del consumidor a decidir, con toda la información, si quiere pagar por algo o no”, señalan desde FACUA.
El caso del “gancho de 12 euros” ha encendido el debate sobre los límites de los servicios opcionales en hostelería y sobre la importancia de una información clara y honesta en la relación entre empresa y cliente.
Por ahora, la denuncia sigue su curso y el restaurante no ha emitido una rectificación ni ha anunciado el cese del cobro. La usuaria, por su parte, ha afirmado que no volverá a Wakame. No por el sushi, sino por el “recuerdo colgante”.
