El Gobierno aprobará en una próxima reunión del Consejo de Ministros de la semana que viene el fin de las mascarillas obligatorias en centros sanitarios y sociosanitarios y farmacias, donde pasarán a ser recomendables, salvo en algunas zonas con pacientes vulnerables, en las que seguirán siendo imperativas.
Así lo ha asegurado el ministro de Sanidad, Jose Miñones, en una entrevista en Onda Cero en la que ha recordado que la nueva norma aconsejará la «autoprotección necesaria» en caso de que se tengan síntomas de covid-19 u otras infecciones respiratorias.
El Gobierno acabará así con la obligatoriedad del que ha sido el icono de la pandemia en los pocos espacios en los que se ha mantenido su uso obligatorio; como ocurría antes, el cubrebocas habrá que llevarlo en áreas concretas en las que haya pacientes especialmente vulnerables, como las ucis o las unidades oncológicas, entre otras.
Al margen de mascarillas, el ministro ha celebrado la aprobación este martes del real-decreto que reconoce el derecho oncológico y que el adelanto electoral había puesto en peligro, ya que estaba previsto que el Senado le diera luz verde tan solo una semana después de la convocatoria de los comicios.
El debate político en esta cámara no fue posible por la disolución de las Cortes, y aunque el ministro contaba con que ningún grupo político rechazara la enmienda que consolidaba este derecho, «la verdad es que ahora ya no podemos dar nada por hecho» y por eso el Ejecutivo ha buscado «in extremis» nuevas vías.
«Ya no podemos estar seguros de que los derechos ya consolidados no vuelvan a estar en peligro y, por lo tanto, que tampoco este tuviese ese reconocimiento. La realidad es que no hemos querido dejar ese riesgo encima de la mesa», ha lamentado.
El real decreto-ley modifica el texto refundido de la ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, otras leyes complementarias de 2015, y la ley de Contrato de Seguro de 1980 con el fin de dar cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2022 sobre «el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer hacia una estrategia global y coordinada».
Con la nueva ley, que según ha dicho entrará en vigor esta semana, «ya no habrá discriminación» para los supervivientes de un cáncer que hayan acabado su tratamiento en los últimos 5 años sin recaer, de forma que podrán acceder a un crédito o un servicio o solicitar un seguro asociado a una hipoteca sin tener que declarar su enfermedad y en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
No es solo que les vaya a resultar más fácil acceder a esos productos o servicios, sino que tampoco tendrán que asumir una prima más cara, ha resaltado Miñones.
De esta forma, serán declaradas nulas todas aquellas cláusulas que sean más gravosas para estas personas, que no tendrán que aludir a sus antecedentes oncológicos: «Nadie está obligado a declararlo, ahora ya no será necesario que se mienta como se estaba haciendo en algunos casos», ha zanjado.
EFE
