Por R. B.: La organización WWF (World Wide Fund for Nature) ha publicado en su página web que no se les ha permitido acceder «a la cartografía ni a los criterios usados por el Gobierno» para la exclusión de Formentera del dominio público. Los ecologistas, además, han denunciado la modificación de la Ley de Costas ante la Unión Europea por considerar que ésta vulnera cuatro directivas europeas.
Foto: NASA
WWF ha apuntado que la modificación de esta legislación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de 2012 y que se encuentra en la actualidad en trámite parlamentario, «va en contra de los pilares básicos defendidos por la UE en materia de medio ambiente». Una de las normativas que vulnera, según la organización ecologista, es la directiva sobre «Participación pública y acceso a la información», ya que se les ha negado el acceso a la documentación que justifica la exclusión de Formentera del dominio público.
Otras de las directivas que no respetaría esta modificación de la Ley de Costas sería la que prevé el riesgo de inundaciones, ya que la reforma conllevaría la ocupación de zonas susceptibles de verse sumergidas por anegaciones, según han subrayado desde WWF. Para la organización, también se incumpliría la obligación de garantizar la calidad de sus aguas. «No en vano, la reforma de la ley fomenta la desprotección de la franja costera, poniendo en riesgo importantes ecosistemas litorales, como salinas, dunas y marismas», han argumentado desde WWF. Por último, los ecologistas han criticado que no se haya respetado la normativa sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.
Desde WWF se ha alertado de que la aprobación de la reforma de la Ley de Costas «supondría un varapalo para la riqueza del litoral y formentaría la inseguridad jurídica». Uno de los puntos más criticados por los ecologistas es que «favorece los intereses privados en detrimento de un bien público y del interés general, reduce la servidumbre de protección y amplía el plazo de concesiones». En esta línea, tal y como avanzó Noudiari.es, Greenpeace alertó en diciembre de 2012 de que esta reforma legislativa favorecía enormemente los intereses económicos de Abel Matutes y Gabriel Cañellas.
