@Noudiari / La Plataforma per la Llengua ha emitido un comunicado pidiendo la colaboración ciudadana para que el Govern de las Islas Baleares «garantice los derechos lingüísticos en el ámbito de la sanidad», después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) haya anulado el decreto que establecía el nivel de catalán para el personal de la sanidad pública. Esta asociación considera que esta norma es contraria al derecho porque modifica el estatuto jurídico de los trabajadores que todavía no han acreditado el conocimiento de catalán.
La Plataforma ha creado un espacio de cartas virtuales para pedir al Govern de Francina Armengol que se anule este decreto dictado por el TSJIB, ya llevan recogidas más de 9.400 cartas virtuales.
Se trata, según la Plataforma, «de una nulidad basada en un conflicto de jerarquía entre dos normas: el decreto 8/2018 —que ha sido anulado por la sentencia— y la Ley de Función Pública de las Islas Baleares. Así mismo, el tribunal establece que un decreto —con rango reglamentario— no puede enmendar una ley y vuelve la pelota al Govern, que tendrá que promulgar una nueva norma que desarrolle la Ley de Función Pública». La Plataforma per la Llengua recuerda que en ningún caso la sentencia dice que el requisito de conocimiento del catalán sea inconstitucional per se.
Esta ‘ONG’ del catalán considera este hecho como una oportunidad para garantizar los derechos lingüísticos en la sanidad balear y «combatir las discriminaciones lingüísticas que sufren los isleños que se expresan en la lengua propia del territorio. Velar por la buena salud de los pacientes implica que se puedan expresar en su lengua, igual que un ciudadano de Madrid puede hacerlo en castellano, uno de París, en francés, o uno de Berlín, en alemán».
