El Consell de Ibiza ha presentado esta mañana a los cinco ayuntamientos de la isla, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la dirección general de Emergencias del Govern y a la dirección insular de la Administración General del Estado una propuesta de protocolo unificado para actuar ante denuncias por fiestas ilegales que incluye una propuesta de sanciones de hasta 300.000 euros a los promotores.
Además, el conseller Mariano Juan ha explicado que ya está en marcha el servicio de detectives que colabora con las policías locales para rastrear posibles ubicaciones de fiestas ilegales para filtrarse en ellas y recabar todo tipo de pruebas que puedan ser adjuntadas a las denuncias.
En este sentido, el conseller ha asegurado que ya han detectado varias de estas fiestas ilegales y han puesto toda la información en conocimiento de las diferentes policías locales implicadas.
Juan ha asegurado que solo el hecho del anuncio del arranque de la actividad de los detectives infiltrados ha tenido un efecto disuasorio: «Hay ayuntamientos que nos han manifestado que ha bajado la presión y el número de denuncias por fiestas ilegales en suelo rústico, y nos consta que hay organizadores que han dejado de celebrar fiestas o las han desplazado a otros lugares más inaccesibles».
Por su parte, el documento del protocolo que se ha presentado hoy contempla tres escenarios: si se detecta la fiesta antes de que empiece, si se detecta una vez ha empezado y qué hacer cuando ya ha acabado.
El presidente Vicent Marí ha explicado que la reunión técnica «es una muestra de la voluntad de diálogo y trabajo conjunto por parte de este equipo de gobierno, porque este es un problema ante el que todos tenemos que remar juntos. No sirve de nada hacer críticas si no van acompañadas de soluciones, y este Consell de Ibiza propone y actúa, ofreciendo alternativas y presentado propuestas concretas que permitan actuar ante un problema muy grave», ha sentenciado Marí.
En este sentido, el vicepresidente primero de la institución, Mariano Juan, ha explicado este protocolo, «contempla la aplicación de la Ley de Actividades y, particularmente, la definición de actividad no permanente, como herramienta que pueden tener las policías para poder irrumpir en una fiesta donde se acredita que hay libre concurrencia y finalidad lucrativa y que no es, por lo tanto, una reunión familiar o social privada», explica el Consell en un comunicado.
Juan ha recordado que existen «sentencias favorables a los dictámenes de ayuntamientos de la isla en las que el juez entiende que la irrupción de los agentes en un acontecimiento público es válida a pesar de se esté celebrando a un inmueble cuya finalidad es la habitabilidad», ha concretado Juan.
A pesar de esto, el conseller ha reiterado que todas las fuerzas implicadas han manifestado la necesidad de impulsar una modificación legislativa que defina qué elementos son los que diferencian un acontecimiento privado de uno público, es decir, de una ‘actividad’.
En este sentido el Consell ha presentado una propuesta de modificación legislativa que prevé un marco sancionador de entre 100.001 y 300.000 euros y la posibilidad de tomar medidas provisionales contundentes que obliguen a finalizar la fiesta. También se prevén cambios en la Ley Turística para aquellas fiestas ilegales que tienen lugar en viviendas de alquiler turístico, tipificando las fiestas como sanciones «muy graves», incrementando las cuantía y incluso puedan perder la licencia turística.
