El Colegio de Graduados Sociales de Baleares demanda que los plazos de presentación de bajas de trabajadores o variaciones de contrato vuelvan al plazo de los 6 días naturales que tenían fijados.
Así, hasta el año 2015, el plazo para comunicar una baja de un trabajador o una variación de su situación era de 6 días naturales.
Pero en el Real Decreto 708/2015 los plazos fueron modificados y reducidos, de modo que la TGSS obliga a comunicar estas situaciones dentro de los tres días naturales siguientes.
Estos tres días naturales «obligan en ocasiones a los Graduados sociales a trabajar en festivos, puentes y fechas señaladas para la familia como Navidad y Pascua, ya que son responsables de cumplir con los plazos establecidos», ha explicado Apol·lònia Julià, presidenta de los colegiados baleares
Esta petición ha sido expuesta por representantes de la Comisión de Trabajo ante la TGSS ante la llegada del puente de diciembre.
La situación es que los despachos de los Graduados Sociales «no se pueden cerrar porque deben tener personal disponible que atienda los posibles movimientos de bajas o variaciones o, en caso contrario, la obligación de permanecer conectados digitalmente».
El Colegio solicita por ello a la Tesorería General de la Seguridad Social que rectifique los plazos de presentación de trámites administrativos telemáticos «para poder facilitar la conciliación laboral y familiar del colectivo».
Julià argumenta que “los plazos que nos obligan a cumplir son cada vez más cortos, más estrictos, y nos vemos obligados a trabajar 365 días al año, casi todos los trámites son telemáticos pero no nos dejan descansar ni en festivos. Lo que estamos pidiendo es que la Tesorería rectifique y nos permita el plazo de seis días naturales para que podamos conciliar nuestra vida laboral y familiar”.
«La administración debería velar por estas situaciones y no provocarlas. La administración telemática es aparentemente más sencilla y rápida, pero a la vez, nos convierte en esclavos. Los plazos deben cumplirse y son en su mayoría una arma de lucha contra el fraude, pero no podemos luchar o impedir el fraude a costa de la dignidad de las personas», señala la Presidenta.
