Ante lo que consideran una «inacción insostenible» por parte del Gobierno del Estado, el equipo de gobierno de Sa Unió ha anunciado medidas urgentes para garantizar la conservación del Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera. Será el propio Consell Insular quien asuma la retirada de elementos de protección dunar —como postes, cuerdas y cercamientos— que se encuentran actualmente deteriorados o en desuso.
Desde Sa Unió denuncian que la Demarcación de Costas, dependiente del Ejecutivo central en manos del PSOE, ha ignorado durante años las reclamaciones de la isla. Según la formación, el mal estado de estos elementos no solo supone un impacto visual y ambiental negativo en un entorno de máxima sensibilidad, sino que también representa un riesgo para la seguridad de residentes y visitantes.
«Es inadmisible que el PSOE deje sin atender una situación que afecta de lleno a uno de nuestros espacios más valiosos», señalan desde Sa Unió. La formación lamenta la «contradicción» de un partido que «pretende dar lecciones de sostenibilidad mientras abandona espacios naturales que dependen de su gestión». Para Sa Unió, la izquierda actual es la de la «pancarta y el titular», pero desaparece cuando toca proteger de verdad el territorio.
Además de la intervención directa para limpiar el sistema dunar, el Consell ha formalizado un requerimiento urgente a la Demarcación de Costas para que adopte las medidas necesarias de restauración en las zonas afectadas.
Sin embargo, el malestar de Sa Unió con el Gobierno del Estado va más allá del medio ambiente. La formación ha aprovechado para recordar la carencia de servicios esenciales en Formentera que dependen de Madrid:
- Seguridad: Falta de una oficina del SEPE y dependencia de Ibiza para la Guardia Civil de Tráfico.
- Salvamento: Ausencia de una embarcación propia de Salvamento Marítimo.
- Inmigración: Exigen una política exterior eficaz y más recursos ante la compleja situación que atraviesa la isla.
«Formentera no necesita propaganda ecológica, necesita hechos», concluye la formación, reafirmando su compromiso de asumir competencias ajenas antes de permitir que la isla siga sufriendo las consecuencias de la «desidia estatal».
