@Noudiari / La Direcció General de Medi Rural y Marí del Govern Balear «oculta» a Oceana información de interés ambiental relativa a la vigilancia y el seguimiento de actividades que debería llevar a cabo en las siete reservas marinas existentes en Balears, según apunta esta organización proteccionista en una nota de prensa.
Oceana solicitó esa información en agosto, amparada en la Ley de acceso a la información ambiental, y en noviembre, al no haber recibido respuesta dentro del mes establecido por dicha Ley para ello, pidió que se facilitara el nombre del instructor del expediente para dirigirse a este y así solucionar los problemas que impedían la entrega de esa información. En octubre, la Directora General respondió denegando la entrega de la información solicitada, al considerar que esa información no tiene interés ambiental alguno y por lo tanto no se enmarca en dicha Ley.
“Nos hemos visto obligados a presentar un recurso, aportando todo tipo de argumentos para demostrar el interés ambiental que sin lugar a dudas tiene la información solicitada”, lamenta Ricardo Aguilar, director de Investigación de Oceana en Europa.“Todas estas trabas muestran la intención de ocultar información que al Govern no interesa que se conozca, lo que indica que no se debe estar realizando una gestión adecuada de las Reserva Marinas. En caso contrario, no debería haber ningún problema en publicarla”.
«El seguimiento y la vigilancia de las áreas marinas protegidas son dos pilares esenciales para asegurar su buen funcionamiento y efectividad. El seguimiento permite saber si está funcionando correctamente, es decir, si aumentan la biomasa y las tallas de los recursos pesqueros y se recuperan especies sobreexplotadas y sensibles a la pesca; y también permite tomar medidas de gestión correctoras para solucionar los problemas detectados», manifiesta Oceana.
Oceana tiene constancia que desde el año 2011, como mínimo, «no se está llevando a cabo las tareas de seguimiento. La vigilancia ha disminuido prácticamente a la mitad en Mallorca, y los recursos para su desarrollo han disminuido en todas las islas», señala.
“Si no nos facilitan esta información, el próximo paso sería interponer un contencioso administrativo, con los costes y perjuicios que ello implica. Deseamos no tener que llegar a esa situación y que se divulgue esa información lo antes posible, ya que la Dirección General de Medi Rural i Marí está obligada a velar por la correcta gestión de las Reservas Marinas, las cuales son patrimonio de todos”, añade Aguilar.
La Ley de pesca balear determina en sus artículos 8 y 11 que todas las Reservas Marinas deben contar con un servicio de vigilancia y deben ser objeto de un seguimiento regular y periódico, biológico y pesquero, con el fin de conocer la evolución de los recursos marinos y las actividades pesqueras.
