El Partido Animalista PACMA reclama una reforma del Código Penal que permita responder con mayor contundencia a los casos graves de maltrato animal tras conocerse la investigación de un hombre de 34 años por las condiciones en las que permanecían sus cinco perros de caza en una finca rústica de Sant Josep.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil se desplazaron a la finca el pasado 22 de julio después de recibir información sobre una posible situación de abandono.
Desde el exterior observaron a cinco perros, uno de ellos inmóvil, tendido en el suelo y aparentemente sin vida. Una vez localizado el responsable de los animales, los agentes accedieron al recinto y comprobaron que estos presentaban una delgadez extrema, desnutrición, deshidratación grave y una pérdida acusada de masa muscular. En la finca no había agua limpia ni alimento.
Los comederos y bebederos se encontraban vacíos, secos y cubiertos de suciedad, mientras que en el recinto se acumulaba basura y excrementos.
Los cuatro animales que permanecían con vida fueron retirados y trasladados al Centro de Protección de Animales Domésticos para recibir atención veterinaria y quedar bajo custodia.
Marco penal ineficaz que impide la entrada en prisión
El coordinador insular de PACMA en Ibiza, Olivier Hassler, valora la intervención del SEPRONA, pero considera que el marco penal continúa siendo insuficiente incluso en caso de deceso.
El artículo 340 bis del Código Penal establece, cuando se causa la muerte de un animal doméstico, una pena de prisión de doce a veinticuatro meses y una inhabilitación de dos a cuatro años para la tenencia de animales y para actividades profesionales relacionadas con ellos.
Los condenados, si carecen de antecedentes penales por el mismo tipo de delitos, no llegan a entrar en prisión.
La formación política sostiene que estas penas no guardan proporción con la gravedad de los casos en los que una conducta prolongada de abandono o negligencia provoca sufrimiento extremo y la muerte de un animal, por lo que reclaman el incremento de las penas de prisión y medidas que impidan de manera permanente que las personas condenadas puedan volver a asumir la custodia de animales.
El podenco ibicenco es una raza tradicionalmente vinculada a la actividad de la caza, y los perros registrados para tal fin se encuentran actualmente fuera de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales estatal. Su amparo, junto al de otras razas de perros empleadas para otras actividades, es una de las principales luchas de este partido político.
