EFE / La presidenta de Baleares, Marga Prohens, se ha comprometido este miércoles a solicitar al Gobierno de España una partida anual de 20 millones de euros para mejorar el plus de insularidad de los funcionarios del Estado en el archipiélago.
Prohens se ha reunido en el Consolat de Mar con representantes de trabajadores públicos estatales que reclaman el aumento de los complementos de insularidad y que están coordinados en la Plataforma Unisep.
En declaraciones a los medios, Prohens ha recordado que la mejora del plus de insularidad es una tema fundamental de su agenda política como presidenta y también lo fue en su etapa como diputada en el Congreso porque se trata de un asunto que «afecta a todos los ciudadanos» de Baleares por el servicio directo que reciben de los funcionarios.
Prohens ha dicho que estos trabajadores públicos se encuentran «totalmente sobrepasados» por la cantidad de trabajo debido a la dificultad para cubrir estas plazas. Venir a Baleares a trabajar, ha advertido, puede convertirse en un «castigo».
La presidenta ha comentado que incluso la petición inicial de 20 millones podría ser aún mayor, pero ha hecho hincapié en que el Gobierno de Pedro Sánchez ni ha presentado aún los presupuestos de 2024, por lo que se ha mostrado poco esperanzada en cuanto a la reclamación de este plus, que corresponde pagarlo al Estado al tratarse de sus empleados.
La plataforma, compuesta por los sindicatos ANPE, SIMEBAL, SATSE, CSIF, USAE, JUPOL y JUCIL, ha solicitado a la presidenta «empatía» para solucionar las dificultades que genera la insularidad en todos los servicios públicos.
A modo de ejemplo, este plus supone para un funcionario de Mallorca que sea licenciado 104 euros al mes, 151 euros en el caso de Gran Canaria y Tenerife, 504 en el resto de las Islas Canarias y 1.023 euros en Ceuta y Melilla.
Los sindicatos exponen la problemática
Los sindicatos le han expuesto la problemática de cada sector respecto la carestía de la vida en Baleares, que se ha vuelto «insostenible» estos últimos años.
En concreto, han mostrado su preocupación por la falta de vivienda o de un alquiler asequible, la «incesante» subida de la cesta de la compra, el incremento de los precios de los carburantes y otros factores que provocan la fuga continua de profesionales, debilitando así los servicios públicos, especialmente en las Pitiusas.
En el caso de los docentes, el sindicato ANPE ha expresado los inconvenientes que conlleva asumir destinos como Ibiza o Formentera, donde muchos maestros y profesores se han visto obligados a desplazarse lejos de sus familias, pagando dos alquileres, viajando hasta diez veces a la semana y perdiendo dinero para ir a trabajar, e incluso teniendo que llegar a vivir en sus vehículos «adaptados».
En relación a los cuerpos de seguridad, JUCIL y JUPOL han alertado de que la cercanía de la temporada estival, el aumento de la conflictividad propiciado por la masificación turística y la falta de efectivos, lo que repercute en la seguridad ciudadana.
En la misma línea, los sindicatos sanitarios SIMEBAL, SATSE y USAE han reivindicado la necesidad de «fidelizar» a sus profesionales mediante incentivos que permitan dar una atención de calidad a los pacientes.
El sindicato CSIF ha manifestado que los servicios públicos son «muy deficitarios», especialmente los relacionados con la Administración General del Estado en Baleares, un asunto que «se viene magnificando» en los últimos años.
Finalmente, los sindicatos han remarcado a Prohens la importancia de que las administraciones estatal y autonómica colaboren para encontrar medidas que solucionen esta desigualdad que sufren los servicios públicos en Baleares.
