EFE / Representantes de los grupos de GxF y PSOE, y también los consellers de Sa Unió, han coincidido este martes en comparecencias por separado en acusar al presidente de Formentera, Llorenç Córdoba, de tratar de crear una cortina de humo con su denuncia de posibles delitos e irregularidades en el Consell.
Tanto GxF como PSOE han señalado como motivo la futura concesión del puerto de la Savina y la intención de Córdoba de crear “un monopolio” que podría elevar los precios y dejar a los residentes y empresas de la isla sin amarres asequibles.
“Nos tememos que a diferencia de lo que hay ahora, que hay dos concesiones, y de lo que se ha pedido en diversos plenarios, que es tener espacio para los particulares y empresas de Formentera a precios asequibles, haya una única concesión a 25 años donde se genere monopolio, que no haya competencia, que haya precios elevados y que la gente y empresas de la isla no puedan acceder a su puerto”, ha explicado en rueda de prensa en conseller de GxF Rafa González.
En la misma línea, el conseller del PSOE Rafael Ramírez ha señalado en un comunicado que el objetivo de esta “cortina de humo” es desviar la atención del futuro del puerto, para aplicar un modelo que no está consensuado con la ciudadanía y que es “totalmente opuesto” al que quieren las “fuerzas progresistas y el tejido asociativo”.
«Tapar su soledad y su nefasta gestión»
Por su parte, Sa Unió ha señalado que con la “cortina de humo”, Córdoba busca “tapar su soledad y su nefasta gestión”, a la vez que ha señalado que “lejos de intentar gobernar” la isla se ha dedicado a “construir un relato de irregularidades masivas institucionalizadas” acusando a “todo el mundo”.
También ha querido “desmentir” que las declaraciones de integrantes de Sa Unió ante la UCO de la Guardia Civil tengan que ver con las “adjudicaciones de los quioscos, ni con nada relacionado con urbanismo”. “Lo hicieron en calidad de testigos para dar veracidad a la querella presentada por un conseller de Sa Unió contra el señor Córdoba y en la que se le imputan hasta cinco posibles delitos”, ha indicado.
Desde GXF, el conseller González ha añadido que las acusaciones de Córdoba sobre presuntas irregularidades en urbanismo o en la concesión de los quioscos de playas “no tienen ni pies ni cabeza”, ya que “cualquier cambio urbanístico se aprueba en el pleno”, las licencias se aprueban por junta de gobierno y toda la documentación, al igual que la del concurso de playas, “es pública”.
El socialista Rafael Ramírez también ha cuestionado que mientras Córdoba «afirma que ha estado meses y meses recabando informaciones y expedientes» toda la ciudadanía «observa el deterioro» de la administración insular y es testigo de su «inacción política”.
