El PSOE y Sumar han confirmado a la Obra Cultural Balear (OCB) que han aceptado su propuesta de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Govern balear que elimina el requisito de saber catalán para trabajar en la sanidad pública balear.
La OCB ha informado que sus servicios jurídicos han redactado este recurso tras negociar con el PSOE y Sumar porque hacen falta un mínimo de 50 diputados para presentarlo ante el Tribunal Constitucional (TC).
Antoni Llabrés, miembro de la junta directiva de la OCB, ha agradecido este lunes la buena predisposición de estos dos grupos parlamentarios para asumir y llevar a cabo esta iniciativa.
El profesor de Derecho Penal de la UIB ha afirmado que «la OCB hará frente a todas las agresiones contra la lengua catalana y los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas Baleares perpetradas por el Govern del PP en ejecución de sus acuerdos con Vox».
La OCB ha detectado motivos de posible inconstitucionalidad en el decreto ley del Govern, por lo que es «imprescindible» que el TC se pronuncie.
Por un lado, la OCB entiende que el uso de la figura del decreto ley por parte del Govern no se encuentra suficientemente justificada, como se regula en el Estatuto de Autonomía, porque no se trata un caso de «extraordinaria y urgente necesidad».
Para la OCB, tampoco existe concordancia entre lo que el TC denomina «conexión de sentido» entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que se adoptan en el decreto ley.
De hecho, la «propia» consellera de Salud afirmó en rueda de prensa que desconocía cuántos profesionales conseguiría «atraer» a Baleares con la supresión del catalán y tampoco sabe cuántos se han ido de la comunidad autónoma por exigir su conocimiento.
Por último, según Llabrés, se infringe el artículo 49 del Estatuto, ya que la utilización del decreto ley no puede afectar a derechos reconocido en el Estatuto.
En este caso, queda «afectado» directamente el ejercicio del derecho de opción lingüística previsto en el artículo 14.3, que dispone que «los ciudadanos de las Islas Baleares tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y en recibir respuesta en la misma lengua utilizada».
EFE
