El Centro para la Gestión Ética de la Empresa Eticentre, que agrupa a 24 empresas y entidades de Baleares, entre ellas el turopeador TUI, la hotelera RIU, la Fundación Deixalles o ITT, ha demandado este lunes a instituciones y empresas de Balears que presten atención a la movilización ciudadana contra la masificación turística o el problema de la vivienda (en Ibiza hay convocada una concentración frente al Consell el 24 de mayo) y que aborden «una verdadera transformación social y ambiental del modelo turístico en las Islas».
La entidad sin ánimo de lucro, que defiende la implementación de aspectos éticos, sociales y medioambientales en la gestión empresarial y que está integrada por entidades del sector turístico, financiero, despachos profesionales y servicios sociales, defiende la importancia de «no caer en debates estériles y trabajar desde el consenso para encontrar soluciones sostenibles con las personas y el territorio”, ha dicho su presidente, Miguel Ángel Benito.
Eticentre aplaude la movilización ciudadana y la iniciativa social surgida en las últimas semanas en Baleares para exigir a empresas e instituciones un cambio de modelo turístico urgente y pide que se aproveche este punto de inflexión «para abordar un debate sosegado que tenga en cuenta todos los aspectos sociales, medioambientales y económicos» y la realidad de residentes, trabajadores y empresarios.
Reivindica un objetivo esencial: «encontrar puntos de unión para reducir la tensión y huir de la crispación».
Señala que se están organizando «encuentros de la sociedad civil en pro de un decrecimiento ante unas previsiones de afluencia turística para este año que ya apuntan a que se superarán los 18 millones de visitantes de 2023».
Recuerda que en el primer trimestre Baleares ha recibido más de 1,25 millones de turistas, un 17 % más que el año pasado, se esperan más de 2 millones en mayo, y en los meses de julio y agosto se superarán los 6 millones, según datos de Ibestat y Exceltur.
Eticentre advierte de que la presión turística tiene un efecto directo en las carreteras y en el acceso a la vivienda y añade que Hacienda ha sacado a la luz más de 8.500 viviendas turísticas que operan de forma ilegal.
La entidad defiende que la industria turística y las administraciones «tienen que implicarse con toda la sociedad para cambiar la situación actual».
«Es imprescindible reflexionar en profundidad para plantear soluciones sostenibles que garanticen la convivencia de la actividad turística con los residentes y huir de debates estériles», señala Benito.
La entidad valora la intención del Govern de constituir una mesa de diálogo social para tratar estas cuestiones, y también que el Foro de la sociedad civil convoque unas jornadas sobre turismo en junio.
Benito ha ofrecido Eticentre para participar en el diseño de esa hoja de ruta y pide acuerdos de amplio consenso y soluciones para mejorar la calidad de vida y «neutralizar la sensación de turismofobia que existe en una parte de la sociedad”.
EFE
