La Policía Local de Sant Antoni ha interpuesto 34 denuncias por celebración de fiestas en viviendas particulares del municipio en los últimos dos meses, de las cuales 27 han sido en julio y siete en junio.
En todas estas actuaciones, los agentes han levantado acta por infracción a la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones por exceder el volumen de música permitido ocasionando molestias a los vecinos.
En tres de ellas se ha podido demostrar que se trataban de fiestas ilegales con comercialización de entradas y los agentes han podido acceder con conformidad del promotor o inquilino de la vivienda comprobando que no se cumplían las medidas sanitarias y levantando la correspondiente acta Covid-19. En estos casos, también se han interpuesto denuncias por infracción de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears por no disponer de la autorización municipal para una actividad no permanente. Los agentes, además, han procedido a intervenir los equipos de música utilizados en estas fiestas.
De las 33 fiestas en las que ha intervenido la Policía Local de Sant Antoni, únicamente tres estaban registradas como estancias turísticas en viviendas (ETV), siendo la mayoría domicilios particulares que no se destinan a fines turísticos. De las personas denunciadas, tres eran residentes y 30 de nacionalidad extranjera.
Las actuaciones se están realizando gracias a la colaboración ciudadana que da aviso cuando detectan una fiesta cercana a sus viviendas y por el trabajo de rastreo de la nueva Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Policía Local, formada por cuatro agentes, que vigila las redes sociales para detectar la celebración de fiestas ilegales, lo que permite localizarlas o desactivarlas antes de que se celebren, así como dar traslado de información a otras fuerzas y cuerpos de seguridad o a municipios vecinos.
Desde la concejalía de Gobernación han destacado el gran trabajo que están realizando los agentes de la Policía Local tras la proliferación de fiestas ilegales en la isla y ha solicitado al Govern balear más recursos y ayuda legal para controlar el incremento de la actividad ilegal detectada.
