El Ayuntamiento de Sant Josep ha informado de la finalización de las tareas de demolición del complejo ilegal conocido como Casa Lola, un mes después del inicio de los trabajos. Se han derribado 2.490 metros cuadrados de edificaciones cerradas, con un volumen de unos 6.800 metros cúbicos de escombros que se han gestionado por su valorización, ha informado el gobierno municipal este martes en una nota.
A estas cifras se le suman 514 metros cuadrados de muros perimetrales y paredes, dos piscinas de 322 metros cuadrados en total, los pavimentos de terrazas y plazas en el interior de la finca, que suman otros 3.900 metros cuadrados, y los pavimentos exteriores y caminos de la propiedad, que suman otros 2.100 metros cuadrados más.
Los trabajos, según ha explicado el primer edil Ángel Luis Guerrero, se han alargado “más de lo previsto” debido a que una vez en el interior, al que no se había podido acceder durante años, fue “difícil” establecer las construcciones existentes con exactitud con el fin de ejecutar subsidiariamente los trabajos de restitución. En el interior, sólo queda parte de la construcción original, de menos de 200 metros cuadrados, que también había visto alterada su estructura, por lo que se han eliminado los elementos no autorizados como cubiertas y muros interiores.
Aún así, se han respetado las paredes perimetrales, que sí tienen licencia, apuntan. Los operarios, a día de hoy, están comprobando la retirada de todas las ruinas y los residuos generados tras el derribo. Los diferentes volúmenes y edificios irregulares se encontraban agrupados, principalmente, en tres alas conocidas como Casa Lola, Casa Lolita y un espacio de bungalows ubicados alrededor de una piscina en forma de ‘L’.
Asimismo, desde el Ayuntamiento señalan que a lo largo de los trabajos se han rellenado los huecos dejados por las piscinas y los aljibes detectados, además de regenerar las pendientes alteradas para garantizar el adecuado drenaje. Una vez acabados los trabajos, quedará revisar el coste de toda la operación en la adjudicación que se hizo y que estaba calculado en base a las estimaciones según la información que se tenía de las construcciones a derribar, sin haber podido acceder a la finca.
Esta cifra ascendía a alrededor de los 1,4 millones de euros antes de la ejecución subsidiaria de las demoliciones.
Guerrero ha querido recordar que los ciudadanos de Sant Josep “no pagarán un céntimo” de estos trabajos y ha asegurado que existen, «y ya están en marcha”, los “mecanismos” correspondientes para poder exigir a los responsables de las ilegalidades y “poder cobrar cuanto antes la reparación del daño que han hecho”.
EFE
