UGT Servicios Públicos ha propuesto este jueves al Govern cerrar un pacto de legislatura con 20 medidas para mejorar los diferentes sectores de los servicios públicos, entre las que destaca la negociación de un complemento de residencia mínimo de 400 euros para el personal de la comunidad autónoma.
El secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, ha explicado que el Govern tiene la competencia para actualizar el denominado plus de insularidad y que debería fijarse en al menos 400 euros mensuales para Mallorca, 600 euros para Menorca e Ibiza y 800 euros para Formentera, ha detallado UGT en un comunicado.
UGT ha calculado las cantidades de acuerdo con la mitad del coste medio de un alquiler o hipoteca en cada una de las islas y ha pedido que se discuta en el marco de la negociación colectiva “en cuánto tiempo y a qué ritmo se alcanza” este plus de insularidad, ha dicho Romero.
El dirigente sindical ha pedido “coherencia” al Govern con el discurso que el PP tenía en la oposición y con su petición al Gobierno central de que actualice este complemento para el personal de la Administración estatal destinado en el archipiélago.
“Si tiene para reducir los impuestos a los ricos y 80 millones de euros al año para la segregación lingüística, que es un capricho y una prebenda a Vox, debería tenerlo para la necesidad transversal de los servicios públicos, y además es más barato”, ha afirmado Romero.
Otra propuesta de UGT Servicios Públicos es crear un observatorio que analice las cuestiones que afectan al empleo público, como son la identificación y remuneración de las plazas de difícil cobertura o el agotamiento de las bolsas de empleo.
Asimismo, Romero ha pedido que se avance hacia las 32 horas de jornada semanales, y se devuelva el recorte del 2 % de los complementos retributivos realizado durante la pasada legislatura, lo que supuso un ahorro presupuestario de 50 millones de euros.
Por otro lado, el secretario de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Jordi Crehuet, ha asegurado que el Govern quiere aprobar este mes un decreto en el que se contempla la compra de robots para realizar “gestiones administrativas básicas”, que tendrían la capacidad de “sustituir a 300 o más trabajadores”.
Ha insistido en la necesidad de que la digitalización vaya acompañada de la reducción de las jornadas laborales y un “impuesto a la robotización” que impida la caída de la recaudación de impuestos por cotizaciones a la Seguridad Social. EFE
