EFE / La consellera balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha afirmado que las condiciones establecidas para las viviendas de precio limitado que impulsa el Govern del PP podrían suponer reducciones en los precios de compra del 39% y del 47% en los de alquiler, según estimaciones de su departamento.
Vidal ha defendido este miércoles, en una comparecencia en el Parlament para informar de sus proyectos, las medidas urgentes del decreto ley de «emergencia habitacional» anunciado por el Govern, dirigido a aumentar la oferta de vivienda asequible en suelo urbano favoreciendo la creación de nuevas unidades tanto a precios regulados y limitados como para el mercado libre.
Según ha informado su departamento en un comunicado, la consellera ha recordado que se favorecerá la reconversión de locales comerciales en viviendas, el aumento de densidades máximas en edificaciones existentes o parcelas por construir, el crecimiento en alturas y los cambios a uso residencial de establecimientos turísticos y de terrenos para equipamientos sin desarrollar.
Como ejemplos de la figura de la vivienda de precio limitado, cuyo coste dependerá de la superficie, eficiencia energética y ubicación, ha indicado que los nuevos pisos de 60 a 80 metros cuadrados se venderán entre 102.000 y 241.000 euros y se alquilarán por rentas de entre 385 y 905 euros mensuales.
Según sus cálculos, en comparación con precios de mercado actuales «en uno de los principales municipios» de Baleares, el precio limitado supone un abaratamiento del 39 % en la venta y del 47 % en el alquiler.
Agilizar el pago de las ayudas al alquiler
La consellera ha reiterado que el Govern propondrá al Parlament una nueva Ley de Vivienda y se propone agilizar el pago de las ayudas al alquiler, así como mantener los planes de construcción de vivienda protegida pública «para colectivos vulnerables».
Vidal ha incidido además en la necesidad de que los promotores privados contribuyan a las políticas del Govern para facilitar el acceso a la vivienda, porque «la administración pública no puede ni tiene que asumir sola la construcción de nueva vivienda a unos precios regulados».
Por otro lado, se ha comprometido a apoyar la demanda de los consells insulars de recuperar los convenios de carreteras con el Gobierno central.
