El regreso de Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, y las buenas expectativas que nos traslada la delegación ibicenca a través de la prensa nos indican que, por fin, vamos a tener una temporada en serio, que incluso puede superar las previsiones de hace tan solo unas semanas, cuando aún nos costaba mirar al futuro con optimismo.
Las circunstancias excepcionales impuestas por la pandemia han provocado que, por primera vez en sus 41 años, Fitur haya coincidido con el inicio de la emporada turística. Esta concurrencia implica que las proyecciones de reservas tan prometedoras que se han detectado no atañen al futuro sino al presente y que, por tanto, se traducirán enseguida en viajeros reales, y eso para la isla representa una gran noticia.
El eslogan principal que se ha difundido en la feria es que somos un destino seguro y fiable, y que seguiremos trabajando para garantizar la seguridad sanitaria durante todo el verano, para que no nos ocurra como el año pasado, cuando hubo que echar el cierre a los dos meses de iniciarse la temporada. Tal cosa resultaría un revés insalvable para muchas empresas, que siguen al borde del precipicio. Me parece también adecuado que, dada la coyuntura actual, la promoción turística se haya centrado en naturaleza, patrimonio, gastronomía y, muy especialmente, las maravillas que ofrecen los productores del sector primario, que realizan una labor fundamental y no siempre reconocida.
Con este volver a empezar que ahora iniciamos, siempre con la vista puesta en el retrovisor, recordando que el peligro sigue ahí latente, vamos a tener que afrontar nuevas regulaciones que establezcan distancias y medidas de seguridad. Sin embargo, estas reglas del juego, que son realmente imprescindibles, no se están aplicando para regular las actividades complementarias que se realizan en algunos hoteles y playas, que siguen ausentes de definición y contenido.
Los clubs de playa son una figura contemplada en la Ley Turística de 2012 y requieren que se les otorgue una personalidad jurídica con normativa y regulación específicas, tanto en aforo como en horarios. Conviene recordar que justo ahora se cumple un año de la petición formal realizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni al Consell Insular para que afrontara dicha regulación. El acuerdo del pleno decía literalmente que la oferta de música electrónica diurna desarrollada en establecimientos y alojamientos turísticos “altera y rompe el equilibrio del modelo económico establecido hasta ahora”.
En su día, el presidente del Consell respondió que recogía el guante y se comprometió a llevar esta cuestión a la próxima reunión del Consell de Alcaldes, para consensuar dicha regulación. Pero no se ha producido el menor avance y arrancamos la temporada con las incertidumbres e inseguridades de siempre. Me parece evidente que la oferta que se desarrolla en las playas, como máximo, debe concluir con la puesta de sol. Luego todos a casa, sacudiendo bien la toalla y los pies para dejar la arena en la orilla, y a disfrutar de la aventura nocturna, en el puerto de Ibiza, en la bahía de Portmany, en la plaza de Santa Gertrudis o en el sitio que a cada uno le apetezca. Todos los debates sostenidos durante la pandemia entre la Administración, Ocio de Ibiza, Abone, etc., se resumen en un solo hecho: switch off al atardecer.
De cara a esta regulación, además, tenemos un nuevo condicionante: la obligatoriedad de cumplir con lo que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que el pasado noviembre puso luz a esta cuestión, al dictaminar que los hoteles pueden organizar espectáculos musicales, pero exclusivamente para sus huéspedes. Las instituciones ibicencas están obligadas a tratar esta sentencia con el respeto que merece y darle respuesta adecuando las normas a este principio. Incidiendo sobre el asunto, hay cosas en Ibiza que nos resultan del todo incomprensibles. Si las ordenanzas municipales impiden la ejecución de obras desde el mes de mayo para no hacer ruido y que turistas y residentes encuentren paz y gloria, ¿por qué se permiten estos festivales en las playas y hasta en los mismos hoteles?
El gerente de Ocio de Ibiza ha dicho, a este respecto, que malinterpretamos la sentencia y que, si no estamos convencidos, le preguntemos al juez. Conviene explicar que a los jueces no se les pregunta, solo se les responde. Resulta inaudito también que esta misma persona se considere con autoridad como para pedir un endurecimiento del código penal para quienes organizan fiestas ilegales o que, incluso, el pasado verano, se atreviera a acusar a los bares del puerto de Ibiza de incumplir las medidas de seguridad, exigiendo mayor vigilancia para ellos. “Que no resulte ahora que después de comer en un sitio quiten las mesas y se pongan a bailar”, dijo literalmente. Es una respuesta cínica, considerando lo que pasa en los alrededores, fuera del municipio, y teniendo en cuenta el comportamiento de algunos de sus propios asociados.
Mientras estas cuestiones, como es habitual, no encuentran solución, se siguen barajando los términos en que debe abrir el sector del ocio. También en este sentido me ha sorprendido escuchar al gerente de Ocio de Ibiza, al que quiero felicitar porque ahora también se ha convertido en gerente o presidente de Ocio de Mallorca, afirmar que los mallorquines ya no son los que nos imponen el modelo de ocio, sino que es el modelo ibicenco el que se exporta a Mallorca. Por tanto, los mallorquines ya saben lo que tienen que hacer. Programar festivales de música electrónica en sus playas, para que sirva como acompañamiento a la degustación de frit de freixura y sopas mallorquinas. Al igual que en Ibiza, pues según ellos mismo definen, la música electrónica es tan solo una guarnición para las delicias gastronómicas que sirven en estos establecimientos.
En lugar de dar respuesta a todas estas cuestiones, me ha sorprendido leer las declaraciones en Fitur del director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, que ha dicho que “las discotecas serán las últimas en abrir” y que en Ibiza “somos más que ocio nocturno”. Resulta extraño, preocupante y desmoralizante que, con todos estos precedentes, el Consell abogue por dar prioridad a unos establecimientos que no son discotecas, aunque ejerzan como tales. La torpeza de estas declaraciones puede traducirse en un coste de millones de euros en daños patrimoniales, para una Administración que excluye a un sector empresarial, como es el de ocio nocturno, que tiene los mismos derechos y oportunidades que otros a los que ahora se prioriza y elige para afincar su prevalencia.
¿Cuál será el tipo de debate público que se establecerá teniendo en cuenta todos estos factores, para que se pueda canalizar el río de las actividades turísticas dentro del cauce que impone la ley?
Feliz y próspera temporada para todos.
Pepe Roselló
Palabras del legitimo Abogado del Diablo”…único e insustituible!